La huelga de los funcionarios de Justicia vacía los juzgados y suspende los juicios

Los paros habían sido parciales en las últimas semanas pero los sindicatos convocantes (Csif, STAJ, CC OO y UGT) han decidido dar un nuevo paso en su lucha convocando seis jornadas de paro total. La primera tuvo lugar ayer y las otras cinco están previstas para el 9 y el 10 de mayo, y para el 16, 17 y 18 de este mismo mes.

El decano del Colegio de Abogados de Badajoz, Ildefonso Seller, confirmaba a media mañana que el paro había logrado suspender muchos de los juicios previstos. «O se alcanza un pacto de Estado para resolver el problema de la Justicia, o se va a generar un problema importante. Los despachos de abogados no estamos facturando porque llevamos varios meses sin que se dicten sentencias con normalidad y eso nos deja en una situación muy complicada».

De complicaciones hablaban también los representantes sindicales, que se reunieron a las puertas de los juzgados de Badajoz para difundir un mensaje unitario. «Nosotros calculamos que el seguimiento está siendo del 90% si contamos a los compañeros que realizan servicios mínimos obligatorios pero desearían secundar la huelga».

Los portavoces de los funcionarios lamentaban que para la jornada de ayer hubiesen sido nombrados unos «servicios mínimos abusivos». «En el registro civil el servicio mínimo es del 100% de los funcionarios, incluso se les obliga a casar, cosa que no ocurría cuando los letrados de la Administración de Justicia estuvieron en huelga».

«El Ministerio de Justicia pretende que no se note la huelga, la prueba es que en los juzgados únicos que hay en los pueblos tan solo hay un compañero que puede hacer huelga», denunciaron.

En todo caso, la incidencia era visible tanto en Badajoz como en Cáceres y en el resto de ciudades de la región.

En Cáceres se suspendieron juicios sin previo aviso y en Badajoz no se celebraron vistas que también llevaban tiempo señaladas, con el consiguiente enfado de quienes esperaban que por fin se impartiese justicia en procedimientos que, en algunos casos, llevan años abiertos.

En Mérida uno de los juzgados de primera instancia e instrucción tuvo que suspender todos los juicios y en el resto de órganos judiciales el seguimiento fue dispar, pero también afectó.

El deseo de los funcionarios de Justicia es que se incrementen sus nóminas, tal y como ocurrió recientemente con los letrados de la Administración de Justicia (LAJ). Las subidas van desde los 430 euros mensuales que solicitan para los médicos forenses hasta los 350 que piden para el personal de auxilio judicial. Para los gestores reclaman 400 y para los tramitadores, 375 euros. «Esa cantidad queremos que se sume al complemento general de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, que es el que se cobra en todo el territorio nacional».

Los sindicatos explicaron que esa subida compensaría el aumento de funciones que se han ido asignando a los funcionarios. «También queremos que se paralice la tramitación de la LOEO y que se negocie con los sindicatos. Esa ley nos quita centros de destino y perdemos la libertad de movilidad entre los distintos órganos judiciales que ahora tenemos».

Desde los sindicatos se insiste en que todas estas medidas de presión sólo pretenden mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y ajustar sus retribuciones al trabajo que realizan.

Según indican, en estos momentos un gestor judicial cobra unos 1.500 euros mensuales en 14 pagas cuando ingresa en el Cuerpo de la Administración General de Justicia; un gestor recibe en torno a 1.300 euros; y un auxilio judicial, alrededor de 1.150. «Si han nombrado unos servicios mínimos tan extensos es porque nosotros somos la mano de obra fundamental para que la Justicia funcione».