«He ganado en los tribunales una vivienda social, pero la Junta de Extremadura no me la da»
Manuel Becerra logró que el Tribunal Superior de la región obligase a la administración a darle un piso en 2021, pero no cumplen esta sentencia
Hace cinco años que Manuel Becerra solicitó y consiguió una vivienda social en su pueblo, Villar del Rey, pero no ha logrado vivir en ella. Llevó su caso a los tribunales y le dieron la razón, pero la Junta de Extremadura no ejecuta las sentencias y los requerimientos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
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El periplo de este vecino de Villar del Rey de 47 años comenzó en 2019. Becerra trabaja en el campo y vivía en un piso alquilado por 200 euros al mes. En Villar del Rey se quedó libre una vivienda social porque la familia que la ocupaba entregó las llaves y este agricultor decidió solicitarla a la Junta de Extremadura. Consiguió la máxima puntuación, y con ella, el piso social.
Su alegría, sin embargo, duró poco. El 9 de octubre de 2020 una resolución de la Junta anuló su puntuación. Fue debido a un informa de la Policía Local de Villar del Rey en el que indicaban que este vecino no vivía en el piso alquilado, sino en una finca. Además de la investigación de la policía aportaban el gasto en electricidad del piso alquilado que consideraban bajo para probar que residía allí.
Manuel Becerra decidió llevar esta resolución a los tribunales. Su abogado, el letrado pacense Fernando Cumbres, impugnó la decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les dio la razón y anuló la resolución de la administración regional.
El fallo del TSJEx es de julio de 2021. En el mismo indican que el informe de la Policía Local no detalla cómo fue la investigación y rechazan que un bajo consumo en las facturas demuestre que no vivía allí.
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«El informe indica que se han realizado las averiguaciones oportunas, pero desconocemos cuales son. El informe de la Policía Local sería válido si de una manera detallada concretase las actuaciones llevadas a cabo, entrevistas o visitas efectuadas y las comprobaciones en la vivienda y en la finca. Sin embargo, el informe está huérfano de un mínimo detalle que permita comprobar en qué hechos o circunstancias comprobadas se ha basado la Policía Local para informar que el recurrente reside en la vivienda de la finca. Se debería haber exigido a la Policía Local una mayor concreción, detalle e información sobre los hechos», señala la sentencia.
«La parte actora presenta un contrato de arrendamiento de febrero de 2017 y los pagos de la renta mensual de 200 euros. Ante ello, visto que nada se acredita en contra, carecería de lógica que el demandante celebrase un contrato de arrendamiento y pagase mensualmente la renta para no residir en la vivienda alquilada», añade el fallo.
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Con orden de desahucio
A pesar de la resolución del TSJEx, los meses fueron pasando y la administración siguió sin entregar la vivienda a Manuel Becerra. «Llevo muchos años de lucha y nada», se lamenta. Este afectado asegura que el piso social que debería ser suyo tiene inquilinos y que no se marchan a pesar de pesar sobre ellos una orden de desahucio.
Su abogado gestionó que, en lugar esta vivienda, le ofreciesen otra para acelerar el proceso, pero la Junta tampoco le ha asignado esta segunda casa.
Desde la primera sentencia de 2021, han logrado otras tres victorias en los tribunales, pero ninguna ha servido para que le entreguen una vivienda.
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En abril de 2023 este agricultor logró que el TSJEx condenase a la Junta a la ejecución de la sentencia. En octubre de 2023 este mismo tribunal emitió un requerimiento para que se llevase a cabo la entrega de la vivienda, insistiendo a la administración que debía formalizar el arrendamiento del piso. No lograron resultados y el pasado mes de febrero volvieron a acudir al TSJEx que volvió a darles la razón.
La sala dio un plazo de 10 días a la Junta para informarles sobre el caso. Sin embargo, en todos estos fallos no se condena a la administración regional a pagar las costas, por lo que no hay castigo económico.
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