La Fiscalía detecta más abusos sexuales sobre menores cometidos por familiares en Extremadura

El último episodio fue sentenciado la pasada semana en Badajoz, donde ha sido condenado un varón a 23 años de cárcel por dos abusos sexuales continuados sobre una sobrina que apenas tenía 10 cuando comenzaron los abusos. Esa sentencia todavía no es firme, cabe la posibilidad de que el condenado recurra, pero tanto la Audiencia Provincial de Badajoz como la de Cáceres han condenado en los últimos meses varios casos similares.

En Cáceres se han sucedido los juicios y condenas de un joven que mantuvo una relación sexual con una niña de 12 años, un abuelo que abusó de su nieta de 11 años, un hombre que agredió a la nieta de su pareja, otro que violó durante años a la hermana de su mujer que tiene una discapacidad... Ese aumento se refleja en la Memoria de la Fiscalía de Cáceres, donde a lo largo del año pasado se iniciaron 134 diligencias por delitos contra la libertad sexual, un 25% más que el año anterior.

En esos delitos que empezaron a ser investigados destaca el gran número de casos en los que la víctima es un menor de edad. Hay 15 casos de abuso sexual a menor de 16 años, 6 de agresión sexual a menor de 16 años, una violación a una menor de 16 años, 6 casos de corrupción de menores, cuatro procedimientos judiciales por usar a menores con fines pornográficos, y un caso de prostitución de una menor.

Distinta es la tendencia en la provincia de Badajoz, donde se observa una ligerísima reducción al pasar de las 195 diligencias previas de 2020 a las 192 contabilizadas en 2021. Pero ese descenso se produce tras el fuerte incremento que hubo en 2019, año en el que se incoaron 226 procedimientos que tras una larga instrucción ya han comenzado a ser juzgados. Tal vez eso explique que en los dos últimos años se haya rondado el medio centenar de sentencias condenatorias, muy por encima de las 34 que se dictaron en 2019.

La estadística de la Fiscalía de Badajoz también incluye otro dato revelador: en 2020 fueron juzgadas 3 agresiones sexuales sobre menores y en 2021 fueron otras 3, cifras que no se alcanzaron en los seis años anteriores. «Nosotros sabemos lo que llega a los juzgados y nos alarma el aumento de casos en los que los autores son los familiares de los propios menores», alerta el fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán.

En las 192 diligencias previas abiertas el año pasado por delitos contra la libertad sexual cometidos en la provincia de Badajoz se incluían 13 abusos sexuales y una agresión sexual sobre menores de 16 años, 3 delitos de corrupción de menores y dos de utilización de menores con fines pornográficos.

Conocedor de la situación, Juan Calixto Galán alerta de las graves consecuencias que tiene para las víctimas. «Esas situaciones lastran mucho el desarrollo de los menores y dificultan sus relaciones posteriores si no se les presta un apoyo adecuado».

Galán indica que en su dilatada trayectoria como fiscal ha investigado causas muy duras. «Los testimonios de las víctimas son terribles», confiesa.

Muchos de esos delitos se cometen en el ámbito familiar. Abuelos, tíos, primos, padrastros e incluso una abuela han sido procesados y buena parte de ellos han recibido sentencias condenatorias.

Cada caso es distinto pero todos comparten una característica: son cometidos en la más estricta intimidad por personas que suelen tener una situación de superioridad sobre los menores por razón de parentesco.

En algunos casos los condenados comenzaron a abusar de los menores cuando eran muy pequeños, antes de los diez años. Y hay ocasiones en las que esos hechos permanecen ocultos hasta que el menor crece, creando un sentimiento de dolor que tarda demasiado tiempo en aflorar. Y mucho más en cicatrizar.

«Realmente hay más casos de los que llegan a los juzgados pero eso no quiere decir que haya más hechos. Tal vez ahora hay más casos que se denuncian porque los colegios, las instituciones públicas y las propias familias están haciendo emerger situaciones que antes se ocultaban», reflexiona el teniente fiscal de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca.

En su opinión, los «mecanismos de advertencia social» han generado un «mayor estado de alerta». «Estamos ante situaciones en las que la victimización es pluridimensional porque en muchos casos la madre del menor sufre una decepción trágica cuando se da cuenta de que el padrastro, el abuelo o el tío han abusado de su hija. Tal vez eso explique el silencio que en algunos casos guardan las familias».

Desde la Fiscalía se anima a denunciar este tipo de situaciones para reducir, en la medida de lo posible, el daño generado a las víctimas. Al tiempo, se ofrece un apoyo constante para que tanto el menor que ha sufrido el abuso como su familia se sientan protegidos en todo momento.

En esta tarea cuentan con el respaldo de la asociación 'Márgenes y vínculos', que ofrece tratamiento psicológico especializado. «Es muy importante el trabajo que hacen con las víctimas y también la prevención a través de sus campañas», valora Juan Calixto Galán.

Una de las acciones con mayor repercusión fue la campaña de prevención de la violencia sexual contra la infancia 'Que no me toque', en la que utilizaba dos marionetas para contar historias que pueden ayudar a prevenir y detectar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

«La Fiscalía de Protección de Menores tiene una labor muy activa en la lucha contra esta realidad. Cuando tiene constancia de que puede haber existido un abuso o una agresión sexual se activa el mecanismo de protección», añade Galán.

Al mismo tiempo, desde la Fiscalía de Badajoz se llama la atención sobre la necesidad de poner en marcha iniciativas dirigidas a los agresores sexuales condenados. «Los programas de rehabilitación en los centros penitenciarios son fundamentales para la inhibición del apetito sexual incontrolado que presentan estos delincuentes porque el riesgo de reincidencia es alto».