Extremadura prohíbe el uso del móvil en los centros educativos en lo que queda de curso

El uso y exhibición de dispositivos electrónicos estará prohibido en los centros docentes de la comunidad durante toda la jornada escolar, incluyendo el horario lectivo, el tiempo de recreo y los periodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares, así como en aulas matinales, comedor escolar y transporte.

La prohibición se extiende a todas las etapas educativas, alcanza también a Bachillerato y Formación Profesional, y será de obligado cumplimiento en todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos. Los privados, por su parte, podrán adaptar la instrucción a sus reglamentos de organización y funcionamiento.

El teléfono móvil, no obstante, se podrá utilizar si está «expresamente previsto en el proyecto educativo del centro con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados». Pero, incluso en este caso, «será necesaria, a instancias del profesorado, una autorización expresa y por escrito de los padres/madres o tutores legales del alumnado menor de edad, teniendo en cuenta su edad, su madurez y sus características psicoevolutivas, y siempre que este uso no suponga una situación de discriminación para ningún alumno o alumna».

Los centros educativos, en el ámbito de su autonomía organizativa, deberán regular a través de sus normas de funcionamiento y convivencia las restricciones en el uso de los dispositivos electrónicos, recogiendo aquellas circunstancias excepcionales en las que se permita su uso y también la utilización restringida que pueda realizarse de los mismos en enseñanzas no obligatorias.

Además, siempre que así lo consideren oportuno, en los centros educativos «podrá contemplarse el depósito del dispositivo en una dependencia del centro, que se efectuará por el alumnado al menos ante un miembro del equipo directivo», detalla también la instrucción elaborada por la Consejería de Educación. El dispositivo, debidamente apagado e identificado, será custodiado por el equipo directivo hasta que sea devuelto a los representantes legales del alumno o al propio alumno previa autorización de los mismos.

En cuanto al personal docente y no docente de los centros educativos, no les será de aplicación la instrucción que se ultima, pero sí se les insta a hacer «un uso responsable de estos dispositivos, limitado exclusivamente a situaciones excepcionales, que interfiera en la menor medida posible en el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo en los centros».

Las correcciones que se aplicarán por el incumplimiento de la norma «habrán de tener un enfoque educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado». Pero, en cualquier caso, ese incumplimiento, recoge también la instrucción, se tipifica como «conducta gravemente perjudicial para la convivencia», tal como se recoge en el artículo 40. i) del Decreto 50/2007, de 20 de marzo, por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la comunidad, y en el que se detallan también las medidas correctoras que han de aplicarse.

En concreto, realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo de las actividades del centro; suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares; cambio de grupo; suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas; suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes y cambio de centro docente.

La instrucción que se debatirá este jueves en Mesa Sectorial recoge el acuerdo alcanzado por los responsables del departamento que dirige Mercedes Vaquera con los agentes que conforman la comunidad educativa que, de forma general, han reclamado la urgencia de prohibir y regular el uso del móvil tanto en los colegios como en los institutos con el objetivo de mejorar la convivencia en las aulas, evitar distracciones y también «acciones contra la dignidad e integridad física y moral del alumnado».

De hecho, según adelantó la consejera a finales del pasado enero, cuando cerró con las familias la ronda de consultas abierta un mes antes, la prohibición en Extremadura alcanzaría a todas las etapas y a todo el recinto escolar, «porque así lo quiere el 95% de la comunidad educativa extremeña», declaró Mercedes Vaquera.

Es el motivo por el que la región se ha alejado de la postura decidida por el Ministerio de Educación, que dirige Pilar Alegría y que ha planteado que en Infantil y Primaria el alumnado no asista con teléfonos móviles al centro, y en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional no esté permitido su uso, pero solo durante la jornada escolar.