Extremadura acogerá dos de los ocho nuevos dispositivos para evitar apagones eléctricos

El Consejo de Ministros aprobó la pasada semana un listado de actuaciones específicas para aumentar la resiliencia de la red eléctrica, que se incorporarán como la segunda modificación puntual al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.

El listado incluye 65 actuaciones «destinadas a incorporar herramientas adicionales a las redes que faciliten el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y en general, el refuerzo del sistema eléctrico», expuso.

Por primera vez, se instalarán compensadores síncronos en el territorio peninsular, unos equipos que hasta ahora sólo existían en Canarias y Baleares, que además contarán con más dispositivos de este tipo. Según explicó el Gobierno, «proporcionan control dinámico de la tensión y, dado su carácter local, se distribuyen geográficamente para reforzarlo en las distintas zonas, complementando a los equipos y soluciones con los que ya cuenta el sistema para esa función».

Con ese fin, se instalarán ocho compensadores en comunidades peninsulares. El listado publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica recoge dos en Extremadura, dos en Andalucía, uno en Castilla-La Mancha, uno en Galicia, uno en la Comunidad Valenciana y otro en Asturias. A esto se suman otros dos en Canarias y uno más en Baleares.

En el caso de la región, el listado señala que estas instalaciones estarán vinculadas a las subestaciones Almaraz, en el norte de Cáceres, y Brovales, al sur de la región. Ambas forman parte del eje Almaraz-Guillena, una línea de alta tensión de 327 kilómetros de longitud que tiene en la región otro nudo destacado en San Serván.

El coste de estas instalaciones, según el documento publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, es de 70 millones de euros, lo que supone una inversión de 140 millones en Extremadura. A esto hay que sumar la adecuación de nuevas posiciones en las subestaciones asociadas por algo más de 2,2 millones de euros.

La segunda modificación del plan en vigor, con una inversión total de 750 millones, incluye igualmente un Sistema de Transmisión de Corriente Alterna Flexible en Cataluña, cerca de las interconexiones con el resto de Europa, así como la renovación e instalación de nuevas reactancias que permiten mejorar el control de tensión de forma distribuida. Además, se amplían algunas subestaciones y se mejoran otras infraestructuras hasta completar las 65 intervenciones anunciadas.

El Gobierno central destacó que esta reforma tiene carácter excepcional. Como explica el Ministerio para la Transición Ecológica, «es la primera vez que se aprueban modificaciones que se centran exclusivamente en reforzar la operación y control de la red, frente a otras modificaciones o actualizaciones que se han centrado en dar respuesta a las demandas de nueva generación y consumo, elementos que serán objeto de la próxima Planificación 2025-2030». Así se hizo en el primer cambio que se introdujo en la planificación vigente, que tuvo lugar el pasado año.

Estas actuaciones tienen como objetivo anticipar soluciones técnicas para un sistema eléctrico basado principalmente en la producción renovable, en línea con el objetivo de llegar al 81% de generación con esas fuentes previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030.

Asimismo, se estima un ahorro de 200 millones de euros al año al reducir la necesidad de que Red Eléctrica aplique restricciones técnicas. Este mecanismo supone la operación de centrales al mínimo en momentos en que no es necesaria su energía, sino la prestación de otros servicios, como controlar la tensión. Pero esto implica desplazar otras fuentes más competitivas, con un sobrecoste para los consumidores.

Las actuaciones aprobadas, «al aportar capacidades de control de tensión directamente desde la red, reducirán la necesidad de este tipo de mecanismos, generando ahorro económico, facilitando la integración de generación renovable (al no programar esas centrales al mínimo técnico), y disminuyendo el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de efecto invernadero».

El Ministerio para la Transición Ecológica no ha aclarado el plazo de ejecución de estas inversiones. Pero señala que, ya que se pretende mejorar las infraestructuras de la red de transporte con la mayor celeridad posible, y puesto que su ubicación será en espacios ya ocupados con subestaciones en servicio, se plantea eximir el procedimiento de evaluación ambiental que en su caso pudiera ser aplicable, excluyendo la evaluación de las repercusiones sobre los espacios Red Natura 2000.