Los empresarios piden flexibilidad en la contratación y en la jornada laboral

Una normativa adaptada a la realidad. Fue la frase más repetida durante la sesión. Los empresarios insistieron en la necesidad de que los cambios en la legislación laboral se hagan teniendo en cuenta las características propias de cada sector. Una crítica a la reforma recientemente aprobada. «Necesitamos flexibilidad», resumió las intervenciones de los asistentes José Miguel Caballero, profesor del Instituto Internacional San Telmo y moderador de la mesa redonda, en sus conclusiones.

El epígrafe bajo el que se desarrolló la cita, 'Cómo ha afectado el salario mínimo interprofesional y la reforma laboral a las empresas extremeñas', detallaba perfectamente el objetivo de su celebración.

Organizada por Diario HOY y San Telmo Business School, y con la colaboración de BBVA, reunió a empresarios de cuatro sectores: servicios a empresas, hostelería, agricultura y construcción. Además, Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research, ofreció una visión del impacto que ha tenido la evolución del SMI en la economía española.

Para entrar en detalle ya estaban los empresarios. Ellos fueron los encargados de especificar cómo está siendo la incidencia de la reforma laboral y de la subida del salario mínimo en sus respectivos sectores. Hubo mucha disparidad, pero también puntos en común. «Hace falta una contratación flexible», puso voz Pilar Acosta, CEO del Hotel Don Manuel, a un sentir general.

La supresión de modelos de contrato, como el de obra y servicio, y la penalización para las empresas que hagan contrataciones inferiores a 30 día que ha supuesto la reforma laboral tiene una incidencia directa en el día a día de la hostelería o la construcción, por ejemplo.

Por ello, Acosta afirmó que la hostelería necesita una excepción en la contratación de extras similar a la que se ha establecido para la cultura. «Debemos adaptar la plantilla en función de las circunstancias; si tenemos un evento concreto hacen falta más camareros y hacerles un contrato de un día supone que paguemos más por cotizar que el salario que cobra el trabajador», informó esta empresaria que también es vicepresidenta de Cetex (la confederación de turismo regional).

Eso ha disparado los costes en su sector, como también lo ha hecho en la agricultura o en el de los servicios a empresas, pero por motivos diferentes. «La subida del salario mínimo no nos ha afectado, nuestro convenio ya recogía retribuciones más altas», manifestó Acosta. Al contrario, César Ramírez, consejero delegado de Tersum, apuntó que: «A nosotros no nos afectó hasta 2019, pero ahora estamos teniendo que dejar contratos con la administración pública para que los vuelvan a sacar a licitación porque perderíamos dinero si tuviéramos que seguir prestando el servicio pagando los salarios actuales».

Su empresa se dedica, entre otras cuestiones, a la limpieza de edificios y la administración es su principal cliente. «El 92% de nuestros costes es la mano de obra», apuntó Ramírez.

En una situación similar está la agricultura. En el subsector de la fruta de hueso los salarios de los trabajadores suponen el 80% de los gastos de los dueños de las explotaciones. «Y la fruta es el 70% de la mano de obra que se mueve en el campo», apostilló Natalio Caballero, presidente de Afruex.

El incremento del salario mínimo –«un 35% entre 2019 y 2022», cifró la subida Caballero– es, por tanto, un factor que ha descuadrado las cuentas de muchos empresarios del campo. «El sector ya está pensando en quitar frutales e ir hacia cultivos que tengan menos necesidad de mano de obra», advirtió este empresario del sector frutícola.

Él, al igual que el resto de los empresarios presentes en la mesa, insistió en la importancia de consultar con los diferentes sectores a la hora de tomar medidas que afectan directamente a la rentabilidad de las empresas. «Pedimos certidumbre, que sepamos que va a pasar en el medio plazo para que podamos tomar decisiones», declaró el consejero delegado de Tersum. «Nosotros tratamos de hacerlo y buscamos firmar convenios a más largo plazo, aunque para ello tengamos que ofrecer una mejoras salariales más elevadas», añadió Ramírez.

Sí expuso el representante en la mesa del sector de los servicios a empresas que la subida del SMI está repercutiendo negativamente en su negocio. Deben repercutir los mayores costes en sus clientes y eso provoca que algunos opten por contratar menos servicios. «Notamos una caída en el empleo», aseguró.

Esa afirmación fue apoyada por el economista jefe de BBVA Research. «El SMI llevaba demasiado tiempo sin revisarse, pero su subida en 2021 supuso que hubiera entre 23.000 y 146.000 asalariados menos a nivel nacional», según Cardoso, que defendió que los reiterados incrementos aprobados desde 2017 han conllevado una desaceleración del crecimiento económico antes de la pandemia y en un menor crecimiento del empleo en la postpandemia.

El principal motivo, en palabras del economista de BBVA, es que los mayores costes que estas medidas han provocado en las empresas no han estado acompañados de incrementos en la productividad.

La pandemia, la inflación y la guerra en Ucrania están condicionando la coyuntura económica, por lo que los empresarios coincidieron en que las repetidas subidas del SMI no se han realizado en el mejor momento.

El aumento de los costes debido a las nóminas no es el único que tienen las empresas. Las cotizaciones son más altas en algunos casos concretos tras la aprobación de la reforma laboral. La hostelería es el sector que más lo está sufriendo. «Estamos en un momento de tormenta perfecta: las materias primas nos han subido entre un 20% y un 30%, la energía entre el 120% y el 140% y ahora tenemos penalizaciones a la hora de contratar a extras», remarcó la vicepresidenta de Cetex, que también puso el foco en que en junio finaliza la carencia de los créditos hipotecarios y de los créditos ICO. «Aunque estamos teniendo una buena primavera y hemos conseguido aumentar el gasto medio de los turistas, la rentabilidad es menor que en 2019», dijo Acosta.

Por su parte, el sector de la construcción se ha quedado sin la posibilidad de hacer contratos por obra y servicio, que eran muy habituales. «La ley marca que tenemos un plazo de 15 días para ofrecer a los trabajadores que acaban un proyecto un contrato en otro proyecto, si lo rechazan el contrato se da por extinguido sin ningún tipo de coste para la empresa, pero si no hay otro proyecto tenemos se indemnizar con un 7% al trabajador», recordó Rafael Sotelo, director de negocio inmobiliario de Civitas Pacensis.

Esta medida, menos dura, para la construcción no se repite en otros sectores, que deben utilizar modelos de contrato diferentes a los que estaban acostumbrados. «Me llaman los directores generales y me preguntan qué contrato hacen, porque no lo saben», ejemplificó con su empresa Ramírez la situación a la que se enfrentan.

El objetivo del Gobierno es fomentar la figura del fijo-discontinuo, pero de nuevo los empresarios lamentan que no se escuche a los empresarios. «No han solucionado el problema, porque no se tiene en cuenta a cada sector», relató el presidente de Afruex, que volvió a demandar flexibilidad para hacer jornadas laborales más largas en los momentos críticos de las cosechas.

Más lejos llegó en su crítica Sotelo: «Se quiere fomentar el fijo-discontinuo y es una figura con la que no está contento ni el empresario ni el trabajador».

El resumen lo aportó de nuevo el profesor del Instituto San Telmo: «Hay que adaptar la legislación a las realidades de las empresas».

Por último, en la mesa se habló de la escasez de mano de obra que hay en algunos sectores. «Tenemos poca disponibilidad de trabajadores y poca migración, lo que también aumenta los costes salariales», volvió a introducir el tema el economista de BBVA Research.

En la hostelería y la construcción están especialmente preocupados. «Hay falta de mano de obra cualificada y no cualificada, lo que puede llevar, incluso, a perder los fondos europeos por no poder ejecutar proyectos», puntualizó Sotelo. «Nos falta personal de sala y de cocina», ahondó Acosta, que lamentó que muchos trabajadores han salido del sector a causa de la pandemia y que falta formación.

En la misma línea, Ramírez reconoció que también están empezando a tener problemas para contratar personal de limpieza. «Sobre todo en Madrid y en la costa», certificó.

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