La cruzada de los abogados cristianos en Extremadura

En total, en la provincia de Cáceres se han identificado 34 cruces señaladas como vestigios franquistas por el comité de expertos de la memoria histórica, creado bajo el auspicio de la Diputación cacereña. Este hecho ha provocado la reacción de la Asociación española de Abogados Cristianos, que ha emprendido una cruzada legal para evitar que estos monumentos que representan la fe que profesan desaparezcan de las calles extremeñas.

«La cruz simboliza a Cristo, es anterior a Franco y por lo tanto no es un vestigio franquista. La Ley de Memoria Histórica no dice que se tengan que derribar o quitar los símbolos cristianos», defiende Polonia Castellanos, presidenta de este colectivo.

Con este argumento, tienen ahora mismo cinco frentes abiertos en Extremadura. El principal es contra el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, al que le han presentado una querella por dos presuntos delitos: uno de prevaricación, con el agravante de discriminación, y otro de odio. Como responsable máximo de la institución que ha emprendido la política de eliminación de vestigios franquistas en la provincia (incluidas las cruces), el colectivo de juristas cristianos ha conseguido que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres haya ordenado abrir diligencias contra él.

«Ha hecho una especie de chantaje a los municipios, de manera que a los que no quieren retirar las cruces les amenaza con quitarles las subvenciones», opina Castellanos, que recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya se pronunció en el caso de la Diputación de Badajoz, argumentando que no podía vincular todas sus subvenciones a la Memoria Histórica y declarando que no tenía competencias para exigir el cumplimiento del catálogo de vestigios elaborado por la institución, porque socavaba la autonomía municipal.

Fuera de la región, –continúa Castellanos– también hay jurisprudencia que, a su juicio, avala la defensa de su colectivo para que se mantengan las cruces. «Otros tribunales superiores de justicia como los de Galicia o Navarra han reconocido que las cruces no son vestigios franquistas e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que se trata de símbolos esencialmente pasivos, cuya retirada genera más controversia que el propio mantenimiento, sentenciando que con su mantenimiento no hay violación del Convenio de Derechos Humanos».

Este armazón jurídico es al que están apelando los Abogados Cristianos en el resto de casos que han iniciado en la región, y que por el momento se concentran todos en la provincia de Cáceres. Los otros son contra los municipios de Brozas, Casar de Cáceres, Garciaz y Gargüera de la Vera y en todos los casos por los mismo: la decisión retirar la cruces de los caídos de sus calles.

Gargüera la quitó a finales de enero y se la llevó al cementerio, lo mismo que ha hecho ahora Casar de Cáceres. En ambos casos los juristas cristianos se han querellado contra sus respectivos alcaldes. La solución de trasladar las cruces a los camposantos no gusta al colectivo, que considera que las están escondiendo. «Es una forma de quitar las cruces de donde se ven y ponerlas al final del cementerio. La libertad religiosa tiene una dimensión externa», defiende Castellanos.

En Brozas y Garciaz aún no se han retirado, pero los Abogados Cristianos no le quitan el ojo de encima a estos dos municipios.

Lo mismo están haciendo en Montijo, pero en este caso para salvaguardar un altar cerámico de la Virgen de Guadalupe, que luce en la fachada de la ermita de Jesús. Es el único caso de la provincia de Badajoz que tienen listo para meter en los tribunales en el momento en el que se dé un paso para su retirada, ya que también está considerado como vestigio franquista, en este caso por el comité de expertos de la provincia pacense.

La imagen de azulejos, que es obra del ceramista de Almendralejo Pedro Navia, el mismo que hizo los altares de la fachada del convento de las Descalzas de Badajoz que están en plena polémica por las obras de restauración, tiene en el pie una inscripción fechada en el año que acabó la Guerra Civil en la que puede leerse: 'Nuestra Señora de Guadalupe. Madre de Extremadura. Reina de la Victoria. 20-X-1939'.

«Ni para nosotros ni para nadie razonable es un vestigio franquista. Detrás de esto hay un odio patológico contra todo lo cristiano», considera.