El crimen del destornillador de Badajoz que acabó en Barcelona

El sábado 29 de julio de 1989 HOY publicó la trágica muerte de J. V. C., un joven de solo 18 años en la capital pacense, en la UVA, también conocidas como Las 800. La víctima había sido trasladada al Hospital Universitario (entonces Infanta Cristina) con varias puñaladas en el pecho, pero ingresó cadáver en el centro sanitario.

J. V. fue acompañado al hospital por otro joven de 19 años, amigo íntimo suyo y del mismo barrio. Se llamaba C. D. y se comportaba de forma extraña. Le dio un nombre falso a la policía cuando los agentes acudieron al hospital. Los investigadores descubrieron la mentira y lo detuvieron. Ya en comisaría se desveló la verdad.

Ambos amigos estaban en la plazoleta que hay en la confluencia de las calles Cruces y Piedrabuena la tarde del viernes, en pleno julio. Comenzaron a discutir por un conflicto sobre sus motos y, aunque eran amigos, llegaron a las manos. En la trifulca, C. D. recibió un fuerte golpe en el ojo y se marchó de la plazoleta.

Poco después el joven herido se cruzó con su hermano, A. D., de 29 años y con numerosos antecedentes policiales. Este le preguntó por sus heridas y el menor le contó lo que había sucedido.

A. D. le pidió a un conocido que estaba en la zona que le llevase en moto a la plazoleta, donde se encontró con el amigo de su hermano. Cogió un destornillador que el dueño del ciclomotor llevaba sujeto con una goma al faro, se dirigió hacia la víctima y le asestó siete pinchazos. Cinco de ellos acertaron en el pecho del joven de 19 años.

El informe forense destacó que uno atravesó el corazón de la víctima al entrar por el cuarto espacio intercostal. Le abrió un orificio en la pared cardiaca que provocó su muerte.

No fue inmediata. El hermano pequeño del agresor también se desplazó a la plazoleta por su cuenta y llegó a tiempo para tratar de interceder, pero no puedo evitarlo. Cuando vio las heridas de su amigo, intentó subirlo a su moto para llevarlo al hospital, pero J. V. C. no era capaz de sostenerse en pie, por lo que lo llevaron en coche finalmente.

Cuando la policía detuvo a C. D. por dar un nombre falso y finalmente supo que el autor era su hermano mayor, fue tarde. El responsable había huido. Primero pensaron que había abandonado su barrio para que no lo detuvieran, pero pronto fue obvio que se había marchado de la ciudad.

La situación causó indignación en Badajoz, especialmente en el barrio de la víctima. Los vecinos destacan que tanto el fallecido como el amigo con el que estaba, el hermano del homicida, era «buenos chavales» y amigos de siempre, por lo que su pelea y las posteriores consecuencias fueron una tragedia.

La búsqueda de A. D. fue infructuosa. Finalmente fue una casualidad lo que permitió que el caso se resolviese. A principios de octubre la policía de Barcelona estaba realizando una vigilancia rutinaria, identificando a algunas personas dentro de sus labores de prevención cuando un nombre saltó, el autor del crimen del destornillador de Badajoz. Sobre él pesaba una orden de búsqueda y captura, por lo que fue detenido y enviado a la capital pacense.

Tras tanto esfuerzo por parte de los investigadores, finalmente fue la casualidad la que delató al autor del crimen. La policía barcelonesa explicó que A. D. fue localizado por rutina, no porque hubiese cometido ningún delito en la ciudad condal.

El juicio se celebró a mediados de noviembre de 1990 en la Audiencia Provincial de Badajoz y no hubo muchas sorpresas porque el procesado admitió los hechos. A. D. pidió perdón a la familia y muchos testigos destacaron que eran amigos antes del crimen.

La admisión de culpa provocó que la defensa del procesado pudiera pedir 15 años de condena. Al morir la víctima se trataba de un homicidio. En ese caso la ley establecía que se enfrentaba a una pena mínima de 12 años de internamiento y una máxima de 20. Su abogado no pudo solicitar el mínimo, los 12 años, porque se iba a aplicar el agravante de reincidencia. El acusado contaba con ocho condenas anteriores, todas aplicables en el momento de los hechos. Por tanto sabía que el mínimo sería de 15 años.

El fiscal, por su parte, solicitó que la pena aumentase hasta los 18 años de cárcel. La diferencia entre las partes es que la defensa mantenía que no había habido intención de acabar con la vida de J. V. C. De ahí que citase a numerosos testigos para detallar que eran amigos. Sin embargo el Ministerio Público mantenía que no se podía aplicar este atenuante.

La diferencia de opiniones causó un rifirrafe entre fiscal y abogado porque el primero citó en numerosas ocasiones las declaraciones de los testigos tras el crimen, incluidas en el sumario. En estas manifestaciones se contradecían y no había un apoyo claro al procesado y sus buenas intenciones, como ocurrió en el juicio.

El representante del Ministerio Público argumentó que tanto el arma elegida como la intensidad de las puñaladas demostraba la intención. Sin embargo, el tribunal dio la razón a la defensa y la condena fue de 15 años.