El 80% de las condenas por violencia de género en Extremadura se imponen a los pocos días

«Siempre se ha dicho que hay muchos más casos de maltrato de los que realmente se denuncian. Quiero ser optimista y pensar que este aumento no significa que haya más mujeres maltratadas, sino que cada vez son más las que se atreven a denunciar», reflexiona Inocencia Cabezas, fiscal delegada de Violencia de Género en la provincia de Badajoz.

Por su mesa pasan cada día varios expedientes judiciales relacionados con esta materia y es ella la encargada de impulsar los procedimientos más graves, que son aquellos en los que se juzga a hombres que han causado la muerte o lesiones graves a sus parejas o exparejas. «En el mundo de la Justicia se está haciendo un esfuerzo muy importante para que la víctima pueda ir al juzgado, para que se sienta protegida», afirma.

Tal vez esa sensación que siente la mujer de estar respaldada por la Justicia esté detrás del sensible incremento que ha experimentado la cifra de denuncias recogidas en los juzgados durante los últimos dos años. Si en 2021 fueron 2.592 las denuncias que se formalizaron, un año después esa cifra se situó en 3.156, y es previsible que haya otro incremento importante cuando se cierre 2023, un ejercicio judicial en el que el Consejo General del Poder Judicial ya apreció un incremento situado en el entorno del 30% entre enero y septiembre.

Si se mantiene esa tendencia, 2023 habría terminado con cerca de 4.000 denuncias y alrededor de 950 condenados, apuntalando el sensible crecimiento que ya se observó en 2022.

Ese aumento de las denuncias tiene un reflejo en las diligencias urgentes abiertas por la Fiscalía en la región, cuyo número aumentó un 19% en 2022 respecto a 2021. Esas diligencias urgentes hacen referencia a los procedimientos que se resuelven en juicio rápido donde el procesado es condenado pocas horas después de presentarse la denuncia, a veces al día siguiente. Es lo que sucedió días atrás con un concejal de Vox de Badajoz. Su pareja lo denunció y después de pasar la noche en los calabozos de la Policía Nacional fue condenado a la mañana siguiente. No habían pasado ni 24 horas. Ese tipo de procedimientos es muy frecuente en la capital pacense desde que abrió el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, y se generalizó también en Cáceres cuando puso en marcha un órgano judicial similar en la capital cacereña.

A nivel regional se abrieron en 2022 un total de 874 diligencias urgentes y más de 500 fueron sentenciadas por conformidad. Otras fueron enviadas al penal, donde se alcanzó también un alto porcentaje de conformidades. En conjunto, en torno al 80% de las condenas son dictadas pocos días después de presentarse la denuncia.

Esos procedimientos rápidos tienen la ventaja añadida de que evitan «las reticencias a declarar que pueden presentar a posteriori algunas de las víctimas» si los hechos no son juzgados de forma rápida.

La abundancia de juicios rápidos tiene su reflejo en el tipo delictivo que se condena. De hecho, las denuncias más habituales son las referidas a delitos de maltrato ocasional, con 1.062 casos sobre un total de 2.312 procedimientos incoados en 2022. Un año antes, esos casos de maltrato puntual provocaron 720 incoaciones, por lo que se aprecia un aumento importante en la cifra.

En segundo lugar se sitúan los delitos de quebrantamiento de medida cautelar (normalmente la orden de alejamiento) con 498 incoaciones, de las cuales 410 lo fueron en la provincia de Badajoz y 88 en la de Cáceres. En este caso se aprecia un ligero descenso del 9,45% en comparación con las habidas en 2021. Se trataría, pues, de una buena noticia. Finalmente, en ese mismo período fueron incoados 284 procedimientos por delitos de maltrato habitual, cuyas penas son más elevadas.

En los Juzgados sobre Violencia de Género se ven los delitos que no superan los tres años de prisión. En ocasiones, cuando son hechos menos graves, la condena puede limitarse a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, una pena que trata de concienciar al agresor sobre la importancia de no cometer este tipo de hechos y evitar que reincida.

Pero a esos casos más leves se unen otros que son vistos en los juzgados penales, donde sí se imponen penas privativas de libertad mayores. Y los más graves llegan a las secciones penales de las audiencias provinciales, que juzgan los asesinatos, las tentativas de homicidios y las agresiones sexuales.

Esos procedimientos que van a los penales y a las audiencias exigen la apertura de diligencias previas y una laboriosa instrucción en la que se profundiza en la investigación para conocer el alcance de los hechos. Durante 2022 se abrieron 1.869 diligencias de este tipo frente a las 1.419 de 2021.

Uno de esos casos es el que concluyó con la condena a más de 11 años de cárcel a un hombre que intentó cortar las manos a su pareja. Se juzgó a mediados de 2023 en la Audiencia de Badajoz y concluyó con una condena elevada. Más grave fue lo sucedido en Valencia de Alcántara, donde murió Imane Saadaoui a manos de su marido y en presencia de su hijo de corta edad.

«Siempre quedan cosas por hacer, hay que seguir trabajando en la prevención y en la educación. Sorprende que a veces tenemos denuncias de personas muy jóvenes», alerta la fiscal delegada, que pone el foco en los estudios que detectan conductas machistas en chicos adolescentes.