El juzgado de lo Penal de Badajoz fijará en otoño la fecha del juicio por el derribo de la ermita de Brovales

Según ha conocido este diario, el juzgado de primera instancia e instrucción de Jerez ha decretado la decretado la apertura del juicio oral y confirma que el juzgado de lo Penal de Badajoz es el competente para el fallo y resolución de este caso. Al mismo tiempo los cuatro investigados y dos empresas vinculadas en el derribo del monumento, bien protegido, han debido prestar fianza por un importe de 2,9 millones de euros.

El juzgado de Jerez entiende que se han practicado todas las diligencias necesarias, incluidas las declaraciones a los imputados. Al mismo tiempo tanto la Fiscalía como la Junta, que ejerce la acusación particular, presentaron sus escritos de acusación.

Según los tiempos judiciales, en otoño, tras las vacaciones veraniegas, la Audiencia de Badajoz fijará el calendario de fechas para los juicios que se celebrarán el próximo año. Entre ellos, el del derribo de la ermita de Brovales. Lo normal es que, como muy temprano, este juicio se fije para el primer trimestre de 2023.

Como adelantó HOY en marzo de 2021, la edificación religiosa fue derribada y solo quedó, en condiciones precarias, parte de su fachada principal y la espadaña.

Conservaba una estructura que la hacía ser una joya patrimonial. Se alzaba sobre un yacimiento romano. La iglesia primitiva se erigió en época visigoda. La Orden del Temple la restituyó como centro de culto destacado. Las últimas reformas se realizaron en época barroca. Tras su abandono sirvió parcialmente como casa de campo.

Tras una primera denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil se empezó a investigar lo ocurrido. La investigación determinó la imputación de cuatro personas, entre ellas, el dueño de la finca de Brovales, una sociedad, Las Veranas, con sede en Madrid. Su administrador único era hasta 2020 Francisco Bernaldo de Quirós y Fernández de Córdova, vigésimo marqués de Bacares y vigésimo tercer conde de la Puebla, una de las dinastías más conocidas del país. Tomó el relevo de Las Veranas su hijo Ignacio Bernaldo de Quirós, al frente a su vez de otras sociedades ganaderas, inmobiliaria o textiles. Los otros tres investigados pertenecen a una empresa de la construcción y otras vinculadas con la finca.

Hay peticiones de pena de cárcel y del pago de cantidades millonarias. Las peticiones de cárcel oscilan entre los 3 años y seis meses de prisión que reclama la Junta y el año y seis meses de cárcel que solicita el fiscal. En cuanto a indemnizaciones, la Fiscalía solicita que abonen a la Junta 186.905 euros para la reconstrucción de la ermita. A eso añade el pago de 2.068.500,83 euros para la reparación de los perjuicios causados en el yacimiento.

En el escrito de acusación de la Administración extremeña no se especifica cantidad alguna. Reclama que reparen los daños causados y la restauración, en la medida de lo posible, de lo dañado.