Más de 2.400 jóvenes de la región reciben la ayuda del bono alquiler
El Gobierno regional prepara unas nuevas bases de unas ayudas para las que contará con una dotación de 6 millones de euros
Un total de 2.422 jóvenes de la región se benefician del bono alquiler financiado por el Gobierno, que en su primera entrega en Extremadura ... agotó los 12 millones de euros disponibles en la convocatoria.
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La Junta de Extremadura convocó en julio de 2022 las ayudas del bono alquiler joven, que fueron creadas por el Gobierno ese mismo año. Estas subvenciones están destinadas a personas con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años que cuentan con un contrato o precontrato de arrendamiento o cesión de uso de una vivienda o habitación.
Además de estos requisitos, se exige que tengan una fuente regular de ingresos y que la suma de las rentas anuales de las personas que forman parte de la unidad de convivencia sea igual o inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), aunque puede llegar a cuatro veces en caso de que convivan tres o más jóvenes.
También se requiere que el precio del alquiler sea igual o inferior a 600 euros mensuales, sin contar plazas de garaje, trasteros o similares. En caso de que la ayuda se destine a sufragar el contrato de una habitación, el coste mensual deberá ser como máximo de 300 euros.
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El bono alquiler joven asciende a 250 euros al mes durante dos años (y por tanto un máximo de 6.000 euros), con independencia del número de jóvenes de la unidad de convivencia, pero con el límite del importe mensual del alquiler. Por ejemplo, si los firmantes del contrato son tres jóvenes y el precio de la vivienda fuera de 600 euros, a cada uno de ellos se les daría 200 al mes.
La convocatoria que se abrió en julio de 2022, que contó con una dotación de 6 millones de euros, tenía un plazo de presentación de solicitudes de un año. Sin embargo, apenas dos meses después se acordó finalizar su vigencia debido al alto número de solicitudes recibidas, más de 2.500.
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Debido a que los fondos destinados eran insuficientes, en mayo del pasado año se aprobó un aumento del crédito de la convocatoria en 6 millones de euros, con lo que se pasó a disponer de 12 millones en total. Con ello el Gobierno regional pretendía atender las solicitudes presentadas.
A finales del pasado ejercicio el Ejecutivo autonómico publicó la primera resolución de concesión de esta ayuda para los años 2022 y 2023, tras lo que se publicó una segunda entrega en junio de este año. Según indica la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, el número total de beneficiarios es de 2.422.
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Nueva entrega
El Gobierno regional ya prepara una nueva entrega de estas ayudas, para lo cual la Consejería de Infraestructuras trabaja en un decreto regulador que recogerá todas las subvenciones financiadas por el plan estatal de vivienda. La previsión es que se pueda aprobar antes de que termine este ejercicio.
Para esta nueva entrega el Gobierno regional dispondrá de 6 millones de euros, según el reparto que se acordó en la Conferencia Sectorial de Vivienda a principios de mes y que fue refrendado por el Consejo de Ministros el pasado martes.
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El siguiente paso es que se vuelva a reunir la conferencia sectorial para ratificar ese reparto, que asciende a 200 millones de euros para todas las comunidades autónomas. Una vez cumplidos los trámites administrativos, el Gobierno procederá a la remisión de las resoluciones con las cantidades respectivas a las regiones para que acepten y pueda realizarse la transferencia para sus respectivas convocatorias.
El consejero de Infraestructuras de la Junta, Manuel Martín Castizo, rechazó en la reunión de la conferencia sectorial de principios de mes las políticas de vivienda del Gobierno. Asimismo, reclamó un mejor marco legal en el plan estatal de vivienda y la reducción de la burocracia.
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En el caso concreto del bono alquiler joven, exigió la simplificación de los trámites administrativos, «porque es una pesadilla para la Administración autonómica y un verdadero infierno para los demandantes».
Respecto a los planes estatales de vivienda, apuntó que «deben ser consensuados por todos y atendiendo a las necesidades que tiene cada comunidad», ya que «los problemas que hay en el resto de las comunidades autónomas no son extrapolables a Extremadura».
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