¿Qué ha pasado este domingo, 7 de diciembre, en Extremadura?
Pozo en una parcela agraria en las inmediaciones de Mérida.

La Confederación prohíbe abrir nuevos pozos en Badajoz, Mérida y 27 municipios más

No concederá nuevos derechos en parcelas en los dos términos municipales más grandes de la provincia

Celestino J. Vinagre

Miércoles, 23 de septiembre 2015, 00:17

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La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) cierra el grifo a nuevos pozos. El organismo hídrico suspende la concesión de derechos para poder tomar aguas subterráneas de una parte apreciable de parcelas de la provincia de Badajoz. No autorizará nuevas captaciones para agricultores, particulares o empresas en 1.727,39 kilómetros cuadrados repartidos en 29 municipios. Entre ellos figura una parte apreciable de los términos de Badajoz o Mérida, además de casi todas las hectáreas pertenecientes a las localidades que componen la comarca de Tierra de Barros, por lo que la medida afecta a una buena parte de la provincia pacense.

«Hay sobreexplotación de recursos hídricos. Se ha llegado al tope y eso justifica esta decisión», resume Timoteo Perea, comisario de aguas de la CHG, para argumentar una prohibición que por primera vez en la historia se produce en territorio extremeño de la cuenca del Guadiana. En la cuenca del Alto Guadiana, en la provincia de Ciudad Real, la situación es históricamente peor y Perea recuerda que actualmente están vigentes siete declaraciones de suspensión de concesiones de derecho de agua en ese territorio vecino.

El último año agrícola, que va del 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de este 2015, ha sido el más cálido de la historia y la sequía ha añadido un obstáculo más a esa sobreexplotación de agua en la provincia de Badajoz. Y un tercer lastre es la proliferación de pozos o sondeos ilegales en fincas y parcelas.

El rechazo a conceder nuevos permisos, algo que contempla la actual Ley de Aguas del Estado, se circunscribe a la extracción de aguas subterráneas, por lo que no hay impedimento para regar a través de presas. Esto explica, por ejemplo, que la dura medida de la CHG no paralice los proyectos planteados de regadíos en Tierra de Barros, todavía en fase inicial.

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«Para no sobrepasar los recursos, para no esquilmarlos más, se adopta esta medida, que también se adopta porque el índice de nitratos observado está en el límite. En todo caso, no se puede hablar de contaminación», aclara el comisario de aguas.

Usuarios y programa

La prohibición de nuevos pozos afecta a buena parte del sur del término municipal de Badajoz, lindando con Olivenza y Valverde de Leganés, y se extiende por la parte central de la provincia, con Mérida como eje geográfico hasta llegar a Ribera del Fresno, en la zona este de la comarca de Tierra de Barros.

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La declaración de la Confederación del Guadiana también estipula un máximo a extraer en toda esa zona geográfica mencionada de 25,6 hectómetros cúbicos al año.

Timoteo Perea recuerda que, a partir de ahora, antes de seis meses como máximo, se debe constituir una comunidad de usuarios de aguas subterráneas. Esa asociación solicitará información a sus integrantes sobre la declaración anual de cultivos, «que deberán aportar con carácter obligatorio y plazos correspondientes».

La comunidad también debe redactar anualmente un informe sobre los consumos y su control basado en la información suministrada por los comuneros. Por su parte, la CHG redactará cada año un informe de seguimiento del estado del agua en esa zona de la provincia.

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Además de crearse una comunidad de usuarios, antes de un año se debe poner en marcha un proyecto de actuación «para la recuperación del buen estado» de los recursos hídricos subterráneos en esos 29 municipios de la cuenca del Guadiana.

De igual modo, el comisario de Aguas ve «muy difícil» que esa prohibición para conceder nuevos derechos de agua subterránea se pueda revocar incluso aunque se produjeran lluvias sustanciosas en próximos años. «La experiencia dice que cuando la Confederación fija esa declaración llega para quedarse», resume el alto cargo del organismo.

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En el extenso documento (61 páginas) de la declaración que impide nuevas captaciones de agua se indica literalmente que el plazo de vigencia del programa, «necesario para la consecución de los objetivos fijados, se extenderá hasta alcanzar el buen estado de las masas de aguas subterráneas (MASb) prevista para antes de 2027».

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