El Tribunal de Cuentas ve falta de control en el dinero para los grupos municipales de Cáceres
Cree que la ausencia de fiscalización por parte del Pleno y de la Intervención municipal «supone un riesgo» de uso para finalidades distintas
Tirón de orejas al Ayuntamiento de Cáceres por falta de control en el dinero que dedica en sus presupuestos a los grupos municipales. Se trata ... de asignaciones con cargo a las arcas públicas para gastos de funcionamiento. El Tribunal de Cuentas «echa en falta un mayor desarrollo normativo» en el Reglamento orgánico municipal respecto a lo que establece la ley nacional, en este caso la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL). En un informe que recoge la regulación y uso de estos fondos en los municipios capitales de provincia destaca la ausencia de fiscalización tanto del Pleno como de la Intervención.
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«El Pleno de la Corporación no ha solicitado la contabilidad específica de las dotaciones económicas asignadas a los grupos municipales. Tampoco se han sometido al control de la Intervención municipal las cuentas justificativas de los grupos correspondientes a los ejercicios 2020 a 2022». Son algunos de los aspectos que cita el informe del Tribunal de Cuentas en relación a Cáceres. Añade que el Consistorio «no utiliza criterios objetivos para la cuantificación de la asignación a los grupos».
Tampoco tiene en cuenta, incide, los costes que su funcionamiento genera. Para el Tribunal, «la ausencia de control» tanto del Pleno como del área de Intervención municipal «supone un riesgo de que dichas asignaciones no se estén aplicando adecuadamente a la finalidad prevista por la normativa». El análisis del TC se centra en el ejercicio 2022. Es decir, aún estaba al frente de la gestión del Ayuntamiento el PSOE.
En el informe se detalla que el Consistorio destina más de medio millón de euros a gastos de personal y material de los grupos
La dotación económica global del Consistorio a los grupos políticos municipales ascendió ese año a un importe total de 16.000 euros, indica. Alude a que fue la misma cantidad que en ejercicios anteriores, con la particularidad de que, una vez que Teófilo Amores abandonó Vox y se convirtió en concejal no adscrito, la representación de esa formación ya no recibía nada. Hubo en ese mandato cuatro grupos. Correspondían a PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. Concejales de Cs como Mar Díaz y Francisco Alcántara también pasaron a ser no adscritos. El Ayuntamiento ha venido aportando 1.860 euros anuales por grupo. Se suman otros 390 euros por concejal.
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El Tribunal de Cuentas menciona que Cáceres «ha desarrollado en su normativa la regulación de las dotaciones a los grupos políticos con carácter mínimo, reproduciendo en su Reglamento orgánico el artículo 73.3 de la LRBRL en cuanto a la competencia del Pleno para asignar anualmente a cada grupo una dotación económica, compuesta por una cuantía igual para todos los grupos y otra variable por concejal». Abunda en que se debe llevar una contabilidad específica para esa dotación. Se pone a disposición del Pleno «siempre que este lo pida», aclara. Sin embargo, esa situación no se ha producido hasta ahora.
En las bases de ejecución del presupuesto se señala que ese dinero debe servir para «financiar la actividad corporativa de los grupos». Carecen de ese derecho los ediles no adscritos.
Agunos aspectos
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Criterios. El Tribunal de Cuentas no ve criterios objetivos para cuantificar las asignaciones a los grupos.
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Control. El Pleno no pide las cuentas ni exige información. Tampoco lo ha hecho la Intervención.
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Datos. No se aportan a la Base Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda.
Un mayor desarrollo normativo, según el TC, facilitaría el «adecuado empleo, justificación y control de la dotación» así como permitiría detallar «el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si, entre ellos, se permiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos y, en su caso, la forma de justificarlas».
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Ciudadanos, en la etapa de Cayetano Polo como portavoz municipal, pidió que los grupos aportasen facturas y justificantes de los gastos, con un informe de la Intervención municipal al que podrían tener acceso aquellas personas que se interesasen. De esa forma, la información sería pública. Nunca se llegó a cumplir. Ahora, el TC subraya que el Ayuntamiento de Cáceres no responde a criterios objetivos en la cuantificación de la asignación.
«El importe de las dotaciones a los grupos se corresponde con la asignación teórica aprobada, en la que el componente variable supone un 54 por ciento del total, frente al 46 por ciento del componente fijo», concluye.
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Refleja que los grupos políticos disponen de un NIF y una cuenta propios, distintos de los que tienen sus partidos, «excepto uno de ellos, que utiliza el NIF del partido al que se encontraba adscrito», advierte sin citar el nombre del que se trata.
Las cantidades en 2022 fueron abonadas a los grupos y no se comunicó la existencia de reintegros, se lee en el informe del TC.
Respecto al análisis de los recursos públicos que se ponen a disposición de los grupos con representación municipal, el Tribunal de Cuentas se refiere a los 490.000 euros que en 2022 aportó el Ayuntamiento a esos grupos mediante «recursos personales». Eran en ese ejercicio «un total de 14 empleados eventuales; así como otros gastos materiales y despachos puestos a disposición de los grupos, cuyo coste no ha podido cuantificar», significa en el documento.
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Así, el total de fondos de las arcas municipales a disposición de los grupos en 2022 «se elevó a 506.000 euros, de los que el tres por ciento corresponde a la dotación económica y el 97 por ciento al resto de gastos a favor de los grupos sufragados por la Corporación».
Subvenciones
«El Ayuntamiento de Cáceres no cuenta con normativa específica relativa a las obligaciones en materia de publicidad activa sobre las dotaciones anuales a los grupos municipales», continúa el TC. Eso sí, reconoce que al menos publica «cierta información relacionada con las asignaciones». No es una información actualizada, no obstante. La última versión, puntualiza, es de 2020.
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Tampoco se da cuenta de las asignaciones a favor de los grupos en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) del Ministerio de Hacienda, «a pesar de la naturaleza de subvención pública que presentan las dotaciones económicas».
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