La segunda fase de rehabilitación de la muralla de Cáceres, pendiente de la justicia

Esa restauración llegó en 2019. La primera fase se prolongó hasta 2021 y se focalizó sobre la zona que necesitaba con más urgencia una puesta a punto: en el Baluarte de los Pozos y el lienzo situado entre la torre de Hernando Pizarro y el Arco del Cristo.

La segunda fase, que afecta a la zona de los adarves (al tramo de la Torre Redonda y la Torre del Aver), arrancó en octubre de 2022. Pero a los pocos meses, en enero de 2023, se interrumpió. La realidad a día de hoy, más de dos años después, es que los trabajos no se han reanudado y el asunto está judicializado.

Son dos los grandes problemas que se han cruzado en esta fase. Por un lado, el Gobierno central retiró la subvención concedida al Ayuntamiento (844.000 euros) por modificaciones en el proyecto. Y, además, el Consistorio y la empresa adjudicataria de las obras están inmersos en un contencioso que todavía está por resolver. El caso ha llegado hasta el Supremo.

Los problemas con la segunda fase de la muralla comenzaron en septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Transportes decidió retirar al Ayuntamiento de Cáceres una financiación de 844.624 euros, alegando que se había realizado una modificación sustancial del proyecto inicial. Esta decisión supuso un duro golpe para el desarrollo de la obra, cuyo inicio estaba previsto en ese mismo mes por Cabero Edificaciones. Sin embargo, la falta de contratación del seguimiento arqueológico necesario impidió el inicio de las obras.

En enero de 2023, apenas tres meses después de la adjudicación, el Ayuntamiento de Cáceres ordenó paralizar las obras debido a la retirada de los fondos ministeriales. Este parón generó tensiones entre el Ayuntamiento y Cabero Edificaciones, que alegaba que no le habían abonado por los trabajos realizados hasta el momento y que la situación estaba causando un retraso significativo.

Durante el verano de 2023, el nuevo alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, firmó una resolución para levantar la suspensión de las obras y ordenó a la empresa reanudarlas. Sin embargo, Cabero Edificaciones anunció su renuncia al contrato debido a las dificultades financieras y operativas acumuladas durante la paralización.

A finales de 2023, la empresa constructora decidió llevar al Ayuntamiento a los tribunales mediante un recurso para reclamar la resolución del contrato. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres admitió el recurso, dando paso a un proceso judicial que resultó en una sentencia de primera instancia favorable al Ayuntamiento, que fue revocada por el TSJEx.

Mientras tanto, el pasado mes de febrero el Ayuntamiento anunció que la tercera fase, que afecta a la zona más visible, la que se ve desde la Plaza Mayor, ya estaba lista para ser licitada. Tendrá un presupuesto de 1,57 millones que saldrá de los fondos europeos.