El presupuesto municipal de Cáceres tendrá 68 millones y se pone a niveles de 2014

El Gobierno socialista municipal resuelve al fin el sudoku del presupuesto tras varias intentonas fallidas para presentar las cuentas de 2020. El impacto de la pérdida de ingresos por IBI y el canon del agua, cuyos 2,3 millones desaparecen del capítulo de 'concesiones administrativas periódicas', deja un agujero en el borrador que ha obligado al alcalde, Luis Salaya, y a sus concejales a intentar cuadrar a golpe de puro cincel los ingresos y gastos del próximo ejercicio en busca del equilibrio.

Serán 68,3 millones, una cifra que retrotrae el presupuesto de la ciudad a niveles de hace cinco años. En 2014 se llegó a 68,2 millones y en 2015 se presupuestaron 68,5 de ingresos y 68,1 de gastos. Se vuelve, así, a un escenario de contención del gasto y la inversión. Esta se queda en 3,3 millones, lejos de los 5,6 de la prórroga presupuestaria de 2019. La caída supera el 40 por ciento.

Acompañado por su concejala de Economía, María Ángeles Costa, el alcalde hizo público ayer el anteproyecto del presupuesto municipal en una comparecencia que duró algo más de media hora. Luis Salaya admite que no se aprobará en pleno hasta el próximo mes de enero.

Se inicia ahora un proceso de participación ciudadana para que los colectivos vecinales decidan el destino de un millón de euros. El Ayuntamiento recibirá propuestas de las asociaciones, colectivos y particulares hasta el día 20.

El recorte de ingresos producidos por el IBI y el canon del agua, unos 4 millones en total, según el Gobierno, es la principal causa de un presupuesto restrictivo, el primero desde que en 2016 se aprobaron 66,09 millones de euros en gastos frente a los 68,1 del año anterior. Para el actual ejerció el Ejecutivo del PP presentó unas cifras al alza que superaban los 70 millones (70,5), pero la oposición en bloque las tumbó. La ciudad ha funcionado este año con las cuentas de 2018 prorrogadas. Se elevaron a 69,5 millones, es decir, 1,2 millones más que ahora.

«Esa fue la herencia», lamentó ayer el alcalde en alusión a la rebaja del impuesto de bienes inmuebles que aprobó el PP y que Salaya califica como una grave irresponsabilidad. El tipo bajó del 0,75 al 0,70 y la versión del regidor es que más que en el bolsillo de los cacereños se ha notado en la calidad de los servicios por la merma sufrida

La compensación vendrá en 2020 por los ingresos en canon urbanístico con un millón de euros y el impuesto de construcciones y obras, 2,8 millones más, que dejarán las fotovoltaicas que se instalen en la ciudad. El desglose de partidas tiene destellos de ingeniería financiera como ese canon por aprovechamientos que se dispara hasta un 25.000 por cien. En la previsión de ingresos de 2019 solo se recogían 4.000 euros.

En las cuentas aparecen 160.000 euros para mejorar la línea 3 del autobús que conecta con el nuevo hospital así como otros 9.000 para potenciar la línea 4 hasta el Cefot. Los cambios se abordarán en una próxima convocatoria de la mesa del transporte público, una petición que ya habían hecho los vecinos.

Se dotarán con 100.000 euros las nuevas dependencias de la Policía Local en Aldea Moret y se reservan 86.000 para los aseos de la Plaza Mayor y el cementerio. Hay 140.000 euros para las pistas deportivas de Montesol y se presupuestan 95.000 euros para subvenciones en concurrencia competitiva del área de Cultura. Para la dinamización comercial serán 15.000 euros y las ayudas a colectivos LGTBI tendrán 12.000. Otros 80.000 euros irán a un contrato público que se licitará para el montaje de escenarios, una idea que ya aprobó el anterior Gobierno del PP pero que no se llegó a aplicar.

Salaya aludió ayer a un presupuesto «realista» que ha requerido un esfuerzo extra de su equipo en busca de ingresos atípicos para cuadrar las cuentas, «mejorar los servicios públicos y apostar por los barrios». La titular de Economía recuerda que no figuran ingresos por la venta de suelo municipal. Incide en que tras cerrarse el proceso participativo se convocará a los consejos rectores de los organismos autónomos y la comisión de Economía.