El polígono ganadero de Cáceres tendrá un 15% del suelo para usos comerciales

El Consistorio no se hará cargo de los costes. La ejecución del convenio «no implica aportación económica», se reseña en un anexo al texto que pasará este miércoles por la comisión municipal de Urbanismo y que posteriormente deberá aprobarse en pleno.

De esta forma, se pretende definir el desarrollo urbanístico del polígono, tras años en los que este espacio estaba a expensas de una solución. En esa misma situación se encuentra el polígono industrial de Charca Musia, aunque en este caso no se han producido avances tan señalados.

Desde el equipo de Gobierno se apunta que la solución propuesta plantea una salida al 'limbo urbanístico' que afectaba hace cuatro décadas a esta zona, cuyos terrenos corresponden a unos 300 propietarios.

«Hemos analizado las oportunidades que ofrece la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, que nos permite regular con detalle la modalidad de gestión directa en base a un convenio», destacó al hacer el anuncio el concejal de Urbanismo, José Ramón Bello.

Los cooperativistas tienen un plazo de cinco meses para la redacción de un plan especial sobre el uso del suelo, en el que se reserva ese 15 por ciento comercial compatible. El documento debe dar respuesta a los problemas de la infraestructura viaria y la urbanización. Desde la aprobación de ese plan especial, se otorga otro plazo de un mes para el proyecto de reparcelación. A partir de ahí, se establecen seis meses para la redacción del proyecto de urbanización y la futura ejecución de las obras, según recoge el borrador del convenio.

La ficha que aparece en el Plan General Municipal (PGM) de Cáceres sobre el polígono es la del área de planeamiento remitido (APR) 03.01. Está incluido en un espacio natural protegido como la ZEPA Llanos de Cáceres, con la consiguiente incidencia. El polígono tiene una estructura viaria primaria, sin aceras, áreas peatonales ni red de abastecimiento.

Ya en 2007 hubo un intento de regulación de la zona. los propietarios se entrevistaron con la entonces alcaldesa, Carmen Heras, para tratar de llegar a un acuerdo. Pedían disponer legalmente de sus respectivas parcelas, escrituradas, para utilizarlas como aval o hipoteca y hacer frente al alto coste de la reordenación urbanística. Está se calculó entonces en unos 18 millones de euros. El polígono nació como propiedad común de una cooperativa y ello ha condicionado tanto su desarrollo legal como las actuaciones urbanísticas en el terreno.