Denuncian nuevas ocupaciones ilegales de viviendas sociales del Ayuntamiento de Cáceres
Uno de los pisos fue reformado en 2019 y en otro han reventado cerraduras de zonas comunes para manipular el contador eléctrico
«La situación es crítica, me da la sensación de que se va a convertir en otro Bloque C de Aldea Moret». Así se ... refiere al número 1 de la calle Río Vístula, próxima a la calle Ródano, el administrador de esta comunidad de vecinos, Jorge Martín, en la que en las últimas semanas se han vuelto a producir, según denuncia, dos ocupaciones ilegales de viviendas sociales del Ayuntamiento.
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Se da la circunstancia de que uno de los pisos afectados, el primero puerta 4, fue rehabilitado en 2019 por el Consistorio, que destinó 65.000 euros a reformar tres viviendas que se encontraban muy deterioradas.
Según relata Martín, una decena de agentes de la Policía Local impidieron hace una semana que en plena tarde, a las cinco, los okupas accedieran a la vivienda. Sin embargo, la brigada de obras no actuó hasta la mañana siguiente para tapiar la puerta y los infractores lograron colarse por la noche, según precisa.
Un mes antes hubo otro intento similar, que se consumó igualmente de noche, en el tercero puerta 11. Los ocupantes reventaron los cerramientos de las zonas comunes y del cuarto de electricidad, causando «graves» destrozos, para manipular el contador y engancharse ilegalmente a la corriente. Los vecinos presentaron una denuncia ante la Policía Nacional el pasado 18 de mayo (un día después de los hechos) para que el seguro pueda asumir los gastos del incidente.
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Martín, que lleva diez años como administrador de esta comunidad y de la del edificio 8 de Río Tíber, en el que también se han venido dando reiterados episodios de ocupación a la fuerza, afirma que los vecinos están «alterados» ante lo que ellos consideran dejadez por parte del equipo de Gobierno.
«Están muy preocupados porque ven que no se cumplen los protocolos anti okupas y hay personas mayores que viven asustadas», incide Martín. «Lo que queremos –explica– es que el Ayuntamiento, una vez que agota los dos meses por vía administrativa que da para que los okupas abandonen los pisos, recurra al juzgado para desalojarles, a lo que se ha comprometido la concejala de Asuntos Sociales».
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Otra de las quejas vecinales es que no se tabiquen las puertas en el momento en que se producen los intentos de ocupación. «Después de que interviene la policía no se queda nadie a vigilar y tendrían que contratar a una empresa de seguridad mientras hacen los cerramientos», subraya Martín, que confía en que, al igual que las viviendas vacías de la Junta, el Consistorio bloquee las suyas con planchas de acero.
«La situación con los okupas en el número 1 de la calle Vístula es crítica, me da la sensación de que se va a convertir en otro Bloque C de Aldea Moret»
jorge martín
Vecinos de Vístula 1 y Tíber 8, junto con el administrador, mantuvieron recientemente un encuentro con la titular de Asuntos Sociales, María José Pulido, para trasladarle su «malestar» y solicitar a la edil que «agilice» los trámites para recuperar estas viviendas, «que sufren un abandono completo». El menudeo de droga es otro de los problemas que afectan a Vístula 1, con dos puntos de venta en uno de los bajos y en un primero, que estarían ocasionando conflictos en el edificio, según cuentan los vecinos.
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Cabe recordar que a primeros de mayo la Policía Local evitó otro acceso ilegal a un piso vacío del 8 de Río Tíber, donde semanas antes se había ocupado otra vivienda. Pulido que, según el administrador, visitará personalmente a los vecinos, descartó entonces que se estuvieran produciendo situaciones similares en otros edificios de la zona, y declaró a este diario que Cáceres no tenía la problemática de okupas de otras ciudades. Estas manifestaciones, afirma Martín, molestaron a los vecinos, que «llevan años padeciendo la entrada y salida okupas».
El bloque, de 48 pisos, es municipal. Muchos de ellos se vaciaron hace unos seis años, cuando a los adjudicatarios se les notificó que se subrogaran a las hipotecas, de unos 18.000 euros. Una minoría compró, otros se quedaron residiendo sin regularizarlo y la mayoría renunciaron a sus viviendas, que son las que fuerzan los okupas.
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El Ayuntamiento no ha respondido de momento a las preguntas de HOY sobre cómo planea gestionar esta situación ni ha dado su versión de lo ocurrido.
Tres pisos rehabilitados en 2019 que no se han llegado a adjudicar
El Ayuntamiento destinó en junio de 2019 la cantidad de 65.000 euros a reformar tres viviendas sociales del número 1 de la calle Río Vístula. Los pisos, de titularidad municipal, presentaban importantes deficiencias y el Consistorio decidió rehabilitarlos para adjudicárselos a familias con recursos limitados. La obra la ejecutó la empresa Cima y los trabajos concluyeron a finales de ese mismo año.
En este tiempo transcurrido, un año y medio año, los tres pisos no se han llegado a entregar y, uno de ellos, el primero puerta 4, lleva ocupado de manera ilegal una semana. En otro, el tercero 12, hubo un intento de ocupación que no se consumó gracias a la actuación de los vecinos, que disuadieron a los okupas, según manifiesta el administrador de la finca, Jorge Martín. «Dieron aviso y la brigada de obras tapió la ventana de la cocina para que no entraran por ahí, porque tenía las rejas de hierro forzadas».
Cuotas de comunidad
Las cuotas de comunidad (40 euros al mes que incluyen el consumo de agua) de los pisos desocupados las paga el Consistorio. Sin embargo, los vecinos denuncian que al ocuparse ilegalmente éste deja de abonarlas. «Hay gente que hace un uso razonable pero ha habido de todo, desde dar de beber a animales a instalar una piscina hinchable en una zona ajardinada común que llenan con el agua de la comunidad», advierte Martín.
El Ayuntamiento ha incluido en los presupuestos de 2021 una partida para la instalación de contadores individuales en este y otros bloques de Aldea Moret.
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