La Diputación de Badajoz no recurrirá al Supremo las sentencias de la Memoria Histórica

La Diputación de Badajoz no recurrirá al Tribunal Supremo las sentencias que anulan la parte de tres convocatorias de subvenciones que las hacían depender del catálogo de vestigios franquistas elaborado por su comité de expertos.

Así lo indicó ayer la institución a preguntas de HOY. El TSJEx ha fallado en tres ocasiones a favor del Ayuntamiento de Badajoz y le da la razón.

La Diputación no recurrirá al Supremo la anulación parcial de las bases de subvenciones por dos motivos. El primero, porque las tres sentencias pivotan en torno a que la Diputación no tiene competencias para imponer su catálogo de vestigios a los municipios. Eso, dictaminan los magistrados, va en contra de la autonomía municipal. El segundo, porque Extremadura ya cuenta con una ley regional de Memoria Histórica.

Desde la Diputación entienden que la norma regional suple la laguna que había dejado la Ley nacional de 2007, en la que daba a las instituciones la posibilidad de retirar ayudas por incumplir esta misma ley, pero no decía cómo. Tras las elecciones de 2015, la institución quiso habilitar un método para hacerlo, que es lo que el TSJEx ha tumbado. Consideran las mismas fuentes que era necesario no dejar que cada ayuntamiento decidiera qué es un vestigio de la sublevación, la guerra civil y la dictadura. El comité de expertos homegeneizó los criterios, inciden desde el organismo.

La ley extremeña, indican desde la Diputación, también recoge la creación de un comité de expertos para la elaboración de un catálogo que determine qué debe eliminar cada localidad. En ella, también, se establecen las sanciones no pecuniarias como la retirada de subvenciones. Todo dependerá de la consejería competente y no de las diputaciones.

Esta Ley extremeña fue aprobada en enero de este año. Los historiadores pidieron una Ley a la Asamblea en diciembre de 2015 y en abril de 2016 comenzaron a trabajar en el borrador de la nueva Ley, que se debatió en el Parlamento extremeño.

La iniciativa de la Diputación y de su presidente, Miguel Ángel Gallardo, es un poco posterior a esos primeros pasos, pues comenzó en otoño 2016 y se aplica a partir del plan estratégico de subvenciones de 2018.

Una de las repercusiones directas de las tres sentencias del TSJEx es que la Diputación adaptará las bases de sus convocatorias a ella, por lo que desaparecerán esos preceptos que obligan a aceptar y comprometerse con el catálogo de vestigios provincial. Esos preceptos desaparecerán del plan estratégico de subvenciones del año 2020, ahora en elaboración.

No obstante, el tribunal extremeño sí que permite mantener el artículo 1 de las convocatorias, donde se cita la Ley de Memoria Histórica. «Una cosa es la atención a determinada Ley y otra la interpretación que de la misma hace la demandada», recogen los fallos.

Es por ello que anula el preámbulo, cinco artículos y un anexo de las convocatorias de ayuda de los planes Dinamiza 4 (del año 2018), del Extraordinario del años 2018 y del Extraordinario para Municipios de Gran Población. Badajoz recurrió los dos primeros por no cambiarle el nombre a Villafranco. La pedanía de la ciudad perdió 101.200 euros de las dos primeras convocatorias, mientras que de la tercera fue la capital la que dejó de percibir un millón de euros.

Parte de esta última convocatoria de subvenciones, la del millón de euros, ha sido también anulada en la última sentencia del TSJEx, que la Diputación facilitó ayer. Es igual que las dos anteriores.

Tampoco en esta impone las costas a la institución provincial ni al Ayuntamiento por la complejidad del proceso y las dudas de derecho que presenta.

Los juzgados de contencioso administrativo anularon en primera instancia las bases que regulaban esas tres ayudas, por lo que podían afectar a los municipios que sí recibieron las ayudas. Ahora, sin embargo, el TSJEx hace una estimación parcial del recurso que presentó la Diputación y anula los puntos que hacen depender las subvenciones del catálogo de vestigios elaborado por la institución provincial. Por lo tanto, explican desde la Diputación, solo afecta a las localidades que se quedaron sin esos fondos. Son Badajoz, por un importe de 1.101.200 euros y Guadiana, que perdió 167.800 euros.

En la Diputación aún están analizando las sentencias y de momento no saben si abonarán las ayudas ahora o esperarán. Badajoz también recurrió la denegación de las ayudas de esas tres convocatorias en tres pleitos distintos. Estos estaban paralizados en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo a la espera de que los tres procedimientos de las bases de convocatoria agotaran todos los pasos. La Diputación puede zanjar el conflicto con Badajoz y abonar el dinero o esperar a que el juez se pronuncie con respecto a esas peticiones paralizadas. Eso es lo que los servicios jurídicos estudian ahora.