Las detenciones de la calle Menacho forman parte de una operación que afecta a 14 países

Los arrestos se realizaron en Badajoz por ser la ciudad en la que reside una de las detenidas, propietaria de un edificio de la calle Menacho compuesto por un bazar y una vivienda. Ese negocio funciona desde hace años pero el miércoles cesó su actividad al irrumpir en el edificio un dispositivo formado por agentes de la Policía Nacional y de Aduanas.

Cree el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid que la mujer que regenta el bazar está relacionada con una empresa de transportes que se considera clave en la distribución de los productos chinos tanto en España como en Portugal. Aunque no sería ella, sino su hermana, la administradora de esa sociedad y quien daba las órdenes.

Los cuatro hermanos detenidos en Badajoz son dos mujeres y dos hombres. Y aunque solo una de las hermanas vive en Badajoz, todos ellos se encontraban el miércoles en el edificio que fue registrado. Desde allí fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía de Extremadura y llevados posteriormente a Madrid para ser puestos a disposición del juzgado instructor.

En realidad, esos arrestos sólo solo suponen una pequeña parte de una ambiciosa operación que afecta a 14 países europeos. Explicó este jueves la Policía Nacional que sus agentes, en una operación conjunta con el servicio de Vigilancia Aduanera y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, pusieron en marcha esta operación liderada por la Fiscalía Europea en la que participaron cuerpos policiales de Grecia, Francia y Bulgaria. El objetivo era desarticular una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China. Presuntamente habrían defraudado en España más de 56 millones de euros y un total de más de 700 millones de euros en Europa.

En el operativo español fueron detenidas otras dos personas en Sevilla y Madrid. También se llevaron a cabo diez registros en los que fueron intervenidos 475.000 euros en efectivo y 490.000 en criptovalores, además de armas de fuego y armas blancas en los domicilios de tres sospechosos.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada en 2023 por una empresa almeriense que, tras recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria reclamando varias cuotas de IVA supuestamente defraudadas, se percató de que le habían usurpado su identidad mercantil para realizar operaciones intracomunitarias.

Eso permitió descubrir a una organización que se dedica a la importación de mercancías procedentes de China, fundamentalmente textiles, sin hacer frente a sus obligaciones tributarias en materia de IVA. Para ello usurpaban la identidad de empresas españolas, que nada sabían de estas operaciones. De este modo simulaban que eran estas mercantiles, y no la organización, las responsables tributarias de las cuotas fiscalmente exigibles.

Las mercancías procedentes de China eran adquiridas por empresas búlgaras utilizadas a modo de pantalla en las que figuraban meros testaferros. Éstas firmas simulaban operaciones de venta a empresas españolas, ajenas al fraude, en algunos casos muy conocidas y que desconocían estas operaciones.

La mercancía era comprada en China y una vez despachada en la aduana griega, era transportada a Italia y, desde allí a diversos países europeos. Finalmente era comercializada en bazares chinos asentados en diversas zonas españolas, fundamentalmente en el polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada o en el poligono PICA carretera amarilla de Sevilla.

La sucursal de la organización en España operaba a modo de empresa logística de transportes, sirviéndose en ocasiones para el transporte del dinero en efectivo de sus camiones y transportistas. La Operación Calypso abarca a Bulgaria, China, Chequia, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia y España.

A nivel europeo fueron localizados 5,8 millones de euros (de los cuales 4,75 millones se ocultaban en Grecia y el resto en Francia y España), en diferentes monedas, incluyendo dólares de Hong Kong, euros en billeteras digitales y criptomonedas. También se han intervenido 7.133 bicicletas eléctricas y 3.696 patinetes eléctricos, además de 480 contenedores para inspección y verificación en el Puerto de El Pireo, donde se le daba a las mercancías un escaso o se clasificaba de forma incorrecta para evadir los aranceles aduaneros.

Posteriormente, las mercancías se vendían a empresas establecidas en otros estados miembros, permitiendo que el primer comprador aparente se beneficiase de una exención de IVA a la importación basada en el Procedimiento Aduanero 42 (CP42), creado para simplificar el comercio transfronterizo y que exime a los importadores del pago del IVA en el país de importación si los bienes importados se transportan posteriormente a otro Estado miembro de la UE.

Mediante una cadena de empresas interpuestas y pantalla, las mercancías se vendían aparentemente en Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Eslovaquia, Eslovenia y España. Sin embargo, estos compradores finales falsos nunca recibían la mercancía y operaban como comerciantes desaparecidos, sin pagar IVA.

Finalmente, la mercancía era transportada con documentos falsos a Francia, Italia, Polonia, Portugal y España. Los documentos de transporte se destruían tan pronto como se entregaban los productos, que se vendían a clientes finales principalmente en el mercado negro, en efectivo.

Esto permitía a las empresas controladas por las organizaciones criminales vender a un precio muy competitivo, ya que no pagaban IVA y evadían en gran medida los aranceles aduaneros y tasas antidumping.