Raúl G.P. y Emilio J.C.L. tenían la empresa en Jerez de los Caballeros. c. moreno
Juicio en Badajoz

«No tenía dinero», dice el acusado de estafar 626.374 euros en una compra de cerdos

La Fiscalía de Badajoz pide tres años y medio de cárcel para el procesado por abonar con pagarés sin fondos 1.148 cochinos, y retira la acusación contra su socio

Viernes, 7 de octubre 2022, 07:28

Dejar facturas sin pagar es más usual de lo que sería deseable. Menos habitual resulta que esas facturas sumen un importe superior a los 600. ... 000 euros. Pero sin duda es todavía más infrecuente que el responsable de esos impagos acabe sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial de Badajoz.

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En condiciones normales esos conflictos económicos se resuelven en los juzgados civiles, donde no se imponen penas de prisión. Pero el procedimiento que este jueves fue visto en la Audiencia estaba referido a una presunta estafa cometida por dos empresarios de Jerez de los Caballeros que dejaron a deber los 1.148 cerdos que compraron a una empresa de la zona.

El juicio fue suspendido meses atrás para intentar un acuerdo que permitiera a la familia damnificada recuperar el dinero. Pero finalmente se celebró un juicio con suerte dispar para los procesados: mientras uno deja de ser objetivo de la acusación del Ministerio Público, el otro se enfrenta a una petición de 3 años y medio de cárcel.

El cambio de postura de la Fiscalía se produjo después de que el principal acusado exculpase a su socio de cualquier responsabilidad. Emilio J. C. L. reconoció ser el administrador único de Industrial Cárnicas Aromas de Extremadura, en la que figura también como socio el segundo procesado. «Raúl no estuvo presente en ningún momento en esta operación comercial», aseguró.

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«Nosotros ya comprábamos la carne y la vendíamos al por menor, pero pensamos ampliar el negocio comprando los cerdos para sacrificarlos», añadió.

La compraventa se firmó en enero de 2017 y pronto comenzaron a ser llevados los cerdos al matadero de Victoriano Domínguez en Higuera la Real y al matadero de Mafresa. La carne, ya despiezada, fue vendida por Aromas de Extremadura a Campodulce y a la propia Mafresa.

Los representantes de Campodulce y Mafresa confirman que abonaron a Aromas de Extremadura el dinero convenido. Pero la Fiscalía dejó claro que ese dinero no fue ingresado en la cuenta a la que estaban asociados los pagarés. El 1 de abril, fecha en la que debía hacerse efectivo un pago de 90.000 euros, la cuenta sólo tenía 8,65 euros.

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Imposible pagar

«¿Cómo pensaba pagar?», le preguntó el fiscal a Emilio. «Yo pensaba pagar con la venta de la carne, los lomos, las paletas... Con los beneficios iba a pagar –respondió–. Si no pagué es porque no tenía dinero. Hubo un momento en el que le ofrecí pagarés endosados, pero él lo que quería era el dinero», añadió el procesado.

«Pero en todo el período nunca hubo dinero en la cuenta», insistió el fiscal. «Eso es falso», aseguró Emilio.

En este punto el representante del Ministerio Público explicó que la cuenta bancaria no tuvo dinero en todo el período analizado. «El banco se debe haber equivocado al facilitar esa información», justificó el abogado de la defensa.

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Tras la vista de este jueves queda claro que el pago no se produjo a pesar de que la carne de esos cerdos fue vendida y cobrada por Aromas de Extremadura. Pero debía resolverse también quién era el responsable. Sobre este asunto fue importante lo dicho por Raúl G. P. En su declaración confirmó ser socio de Aromas de Extremadura y haber puesto la firma cuando se abrió la cuenta bancaria en la que fueron cargados los pagarés. Pero dijo que en ningún momento tuvo conocimiento de esa compra de cerdos. «Yo estudiaba un grado de Formación Profesional en Badajoz para hacerme cargo de la empresa el día de mañana y aunque era socio, no firmé pagarés ni tenía información».

Discreparon dos de los hijos del empresario (ya fallecido) que dirigía la explotación ganadera que vendió los cerdos. Ambos aseguran que en el trato participaron tanto Raúl como Emilio. Pero fueron los únicos que ofrecieron esa versión, el resto de los testigos aseguraron que las negociaciones siempre las hacían con Emilio y su padre, razón por la que el fiscal decidió retirar la acusación contra Raúl.

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Exterior de la Audiencia de Badajoz. HOY

La Fiscalía cree que el empresario nunca tuvo la intención de pagar

El juicio que se celebró este jueves en la Audiencia trataba de poner luz a una supuesta estafa cometida en una compraventa de cerdos valorada en 626.374,82 euros. La acusación particular, representada por Enrique del Río, tiene claro que se trató de una estafa agravada por superar los 50.000 euros, razón por la que pide 5 años y 9 meses de prision para cada uno de los procesados.

Antonio Lena, en representación de Raúl G.P., considera que no existen motivos para mantener la acusación contra su representado, mientras que José María González Mesa pide también la absolución o, como alternativa, que la pena sea inferior porque parte del dinero es reclamado por hijos del empresario que no están legitimados para hacerlo porque no se han personado en la causa.

Una posición intermedia mantiene la Fiscalía, que pide la condena para el administrador único de Aromas de Extremadura y la absolución para su socio. El representante del Ministerio Público recordó en el juicio que la estafa se produce cuando la empresa no tiene la intención de pagar, una circunstancia que aprecia porque Aromas de Extremadura ya arrastraba una deuda de 500.000 euros cuando firmó esa compraventa. «Era técnicamente imposible que pagaran esas facturas».

El fiscal pide al tribunal que también tenga en cuenta una segunda circunstancia: el dinero obtenido por Aromas de Extremadura en la venta de los cerdos no se depositó en la cuenta en la que se debían abonar los pagarés. «Y además vendieron por menos dinero del que compraron y una vez que se detectó el impago engañaron al vendedor».

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