El juez multa e inhabilita al gerente de Adisa

El juzgado de lo penal numero 1 de Badajoz condena al gerente de Adisa, Manuel D. S. como responsable «de un delito de infidelidad en la custodia del examen» a la pena de 14 meses y la inhabilitación especial para cargo público por tiempo de un año y seis meses por facilitar al sobrino del exdiputado de Agricultura las respuestas de un examen para una plaza de capataz agrícola, en la que este obtuvo la mejor nota. El juez también condena a indemnizar al candidato que obtuvo la segunda mejor nota, Manuel D. J., con 10.000 euros por los prejuicios causados. Por otra parte, se condena al pago de las costas procesales al gerente de Adisa.

Asimismo, el juez absuelve al sobrino del exdiputado acusado de cometer un delito de tráfico de influencias cuando en marzo de 2010 se presentó a una prueba convocada por la Agropecuaria de la Diputación (Adisa) en la que habría sacado un 10.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso HOY, queda probado que el exdiputado solicitó la contratación de un capataz para la finca 'La Cocosa', explotación perteneciente a la Agropecuaria de la Diputación, cuya gerencia regentaba Manuel D. S. Así, y como refleja la sentencia el 3 de marzo de 2010, el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) publicó la plaza, para la que habría que pasar una prueba práctica. Para la realización de la prueba fue designado y habilitado el gerente de Adisa.

El 26 de marzo de 2010 concurrieron a la prueba 13 aspirantes. De todos ellos, solo dos superaron la prueba, Manuel D. J., quien obtuvo la calificación de 5,5, y el sobrino del exdiputado, quien obtuvo una calificación de 10. «Francisco M. M. fue el único aspirante que acertó la pregunta capciosa, pues la respuesta correcta era que no existía ninguna». El juez considera que el responsable del examen le había facilitado la plantilla de corrección, «con la clara intención de que obtuviera la plaza ofertada y por la estrecha relación que unía».

Tras el examen, los observadores sindicales formularon las quejas correspondientes y provocaron su inmediata suspensión. Además, detalla que una vez convocada de nuevo la plaza, no concurrió el sobrino del exdiputado. Para el juez, «la anulación de la prueba causó evidentes perjuicios en el candidato a la plaza», refiriéndose al que sacó la segunda mejor nota, ya que hubiera sido el único en aprobar el examen.

Imagen de la Diputación

Tras el juicio, no ha quedado probado que con la actuación desarrollada por el gerente de Adisa, se haya provocado «un grave daño a la causa pública y se haya erosionado profundamente la imagen de la Diputación, más allá de los perjuicios evidentes que tales prácticas suponen para una institución pública, así como los perjuicios sufridos en particular por el aspirante Manuel D. J.». Igualmente defiende que no ha quedado acreditado que el acusado Francisco M. M. obtuviera un provecho económico con la conducta desarrollada por Manuel D. S. Tampoco ha sido probado que el acusado y aspirante a la plaza de capataz agrícola, Francisco M. M., ejerciera una fuerza moral o predominio en el otro acusado como miembro de la comisión de selección le facilitara las preguntas del examen».

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación.