Quema de rastrojos, con todas las de la ley

La quema de rastrojos es una actividad agrícola que se hace desde tiempos inmemoriales para deshacerse de forma rápida de los restos vegetales que quedan después del cultivo. El objetivo es preparar el terreno para nuevas siembras eliminando los restos de vegetación que dificultarían y encarecerían la labor. Es un método rápido y económico que además reduce la carga de las parcelas de hongos, plagas y malas hierbas. Una profilaxis que, sin embargo, también tiene efectos negativos, siendo el más conocido el aumento de riesgo de incendios; pero no solo. Desde una perspectiva agronómica reduce la materia orgánica del suelo, aumenta la erosión, además de también generar gases de efecto invernadero. Sin embargo, por el momento no se han encontrado alternativas viables desde una perspectiva económica y operativa.

En Extremadura la quema de rastrojos fue prohibida a partir del pasado 11 de mayo, hasta nueva comunicación en contra, debido a las condiciones meteorológicas extremadamente secas de ese momento y a las malas predicciones estivales. La restricción total de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura incluía también los restos vegetales amontonados, de tipo agrícola y forestal.

Sobre esta práctica, la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados que entró en vigor el pasado 10 de abril, regula entre otros muchos asuntos, la eliminación de los residuos agrarios, entre los que se encuentran los rastrojos, tanto de cultivos herbáceos como leñosos. Por un lado excluye de esta regulación la paja y los materiales naturales no peligrosos de origen agrario y forestal, pero, por otro, prohíbe su quema y establece cómo se deben eliminar. Solo podrá permitirse con carácter excepcional, y siempre y cuando cuente con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema. Una contradicción que dejó desconcertado al sector ya que se trata de una cuestión ya regulada de forma estricta por la norma europea, nacional y regional.

Equiparar los restos vegetales con otros residuos contaminantes no tiene demasiado sentido, no solo por la naturaleza de los mismos, sino porque no existe un sistema integrado de gestión de biomasa que pueda dar respuesta al enorme volumen de restos vegetales que generarían. Además sería necesario trasladarlos a las plantas de transformación o puntos de recogida, algo a lo que buena parte de los agricultores no puede dar respuesta. Otras formas de transformación en la propia explotación supondrían un elevado coste. También tendrían que adquirir los conocimientos necesarios y, en todo caso, les obligaría a una gestión posterior, no siempre posible en la misma finca.

Como consecuencia de todo ello ha habido una intensa actividad política buscando una aclaración sobre esta cuestión y que se corrija su regulación actual. Esto ha llevado a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados a aprobar una enmienda que, si transita adecuadamente por el circuito parlamentario, formará parte de la futura ley que regulará el sistema de gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023. Para ello tiene que ser aprobada en el pleno del Congreso y posteriormente ser debatida en el Senado. Si en la cámara alta fuera ratificada, se incorporaría a la ley antes referida. Si sufre modificaciones, deberá retornar al Congreso para su aprobación final. Todo puede pasar, pero lo previsible, dado el consenso sobre la materia y el poco interés político que suscita, es que no haya sorpresas y se apruebe en Congreso y Senado, lo que enmendaría la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en este punto.

En todo caso, difícilmente va a llegar a tiempo para la poda de otoño, una labor agrícola indispensable para la productividad de las explotaciones de cultivos leñosos, entre otros el viñedo. Genera un elevado volumen de residuos vegetales de los que es necesario deshacerse, y que la norma vigente dificulta y encarece sobremanera.