El maldito desperdicio alimentario

El proyecto de ley incorpora nueve enmiendas y dos transaccionales y tiene como objetivo prevenir y reducir el despilfarro alimentario por parte de todos los agentes de la cadena, ya sean de la producción, transformación, distribución de alimentos, así como hostelería, restauración, y otras entidades o asociaciones de distribución de alimentos donados y de la administración pública. Quedan excluidas las actividades de retirada de productos por las medidas de gestión de crisis en los programas operativos de frutas y hortalizas y otras medidas al amparo de algún mecanismo de prevención y gestión de crisis o de regulación del mercado.

Para ello, establece una serie de prioridades y la obligación de contar con planes específicos de prevención y reducción, una medida de la que se excluyen a las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias. Asimismo, la ley promueve la donación y la redistribución de alimentos aptos para el consumo, la racionalización de las fechas de consumo preferente y la aprobación de un plan nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

En el sector primario los agricultores sufren de manera recurrente el rechazo de parte de sus cosechas por meros criterios estéticos o por una demanda mal ajustada. Hay que recordar que el 45% de lo que produce el campo europeo no llega a la mesa, en particular frutas y hortalizas, que concentran la mayor parte del desperdicio. Con la nueva ley, se pretende favorecer la canalización de esos excedentes hacia organizaciones benéficas y bancos de alimentos, garantizando que no sean los productores quienes soporten en solitario los costes de transporte y logística. No menos importante es el papel del comercio y la distribución, donde las grandes superficies y los establecimientos minoristas deberán optimizar sus inventarios para reducir la sobreoferta. El sector de la restauración y la hostelería tampoco queda al margen de la nueva normativa, ya que restaurantes, bares, comedores escolares y colectivos, así como empresas de cáterin, estarán obligados a adoptar planes concretos de prevención de pérdidas y a favorecer una cultura de aprovechamiento a través de iniciativas tan sencillas como ofrecer a los clientes envases para llevarse la comida sobrante.

Respecto al régimen sancionador, la norma contempla apercibimientos y multas que pueden ir desde los 2.000 euros en infracciones leves hasta los 500.000 euros en las faltas muy graves. Entre las conductas sancionables se encuentran la ausencia de un plan empresarial de prevención y reducción del desperdicio cuando sea obligatorio, o la destrucción intencionada de alimentos aptos para el consumo.

Sin duda, las multas van a cumplir un papel disuasorio, pero lo más importante es que se genere un cambio cultural en una sociedad dominada por el consumismo. Es un recordatorio de que reducir el desperdicio alimentario tiene un impacto económico, pero también influye en la lucha contra el cambio climático, la degradación del suelo y la escasez hídrica.

Al final, agricultores, comerciantes, distribuidores, restauradores y consumidores tenemos la responsabilidad compartida de que cada alimento cumpla su función de nutrir y de que nada aprovechable acabe en la basura por razones fácilmente evitables.