Contracampaña reputacional del campo

En las últimas décadas se ha venido trabajando, desde diferentes estamentos públicos y semipúblicos, en la regeneración económica de las zonas rurales, en particular en la recuperación de población en aquellas áreas que se encuentran por debajo, o en el límite, de la sostenibilidad de su desarrollo económico y social; las que componen la, en actualidad denominada, España vaciada. Un concepto acuñado en los últimos años y gestionado en las campañas electorales de muchos partidos, bastante menos en la actividad postelectoral, con el lícito objetivo de conseguir votos entre la gente del campo y los amigos del campo y de sus gentes. También articulado en la actualidad por el gobierno nacional, a través de unidades de gestión administrativa, especialmente creadas al efecto.

Pero el problema, es que tanta campaña en pro de nuestros pueblos ha puesto sobre la mesa y ha resaltado de forma intensa sus problemas y debilidades. Por así decirlo, una campaña bienintencionada en el ámbito político ha generado una contracampaña accidental de reputación. Los mensajes positivos que intentan animar a empresas y particulares a invertir y localizarse en zonas rurales con escaso o nulo desarrollo han trasladado una imagen de declive, de escasas infraestructuras, transportes y educación, así como otras limitaciones que al final frenan la decisión de los posibles inversores y nuevos habitantes. En concreto, la idea de despoblación, ampliamente divulgada, muestra un espacio de desarrollo profesional y personal solo atractivo para un sector muy pequeño de la población que, en muchos casos, busca un cierto aislamiento. Justo lo contrario a lo que necesitan estos territorios, demandantes no solo de personas y empresas, sino de un espíritu aperturista, contrario a la huida adelante que en no pocos casos acompaña a las nuevas iniciáticas rurales.

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un real decreto para promover la igualdad de las mujeres en la agricultura. Al igual que la recuperación de población, es otro de los objetivos históricos del campo, que está todavía lejos de ser alcanzado, por mucho que se han planteado estrategias públicas. El problema es también complejo. La mujer tradicionalmente ha trabajado en las explotaciones agrarias familiares, de la misma manera que el titular. La realidad es que la propia unidad familiar ha preferido no regularizar esta situación por los costes que supone para la economía familiar. Una posición cortoplacista que deja sin coberturas a la trabajadora del campo, dependiendo por tanto de la economía de la pareja. Es difícil discernir la responsabilidad interna de esta posición, pero no es difícil imaginarse la presión a la que se ven sometidas muchas mujeres, de forma intencionada o no, para no cargar a la familia con un coste que en el presente más inmediato no aporta valor para su economía. Pero que no se olvide quien así opina que esta situación la genera una dependencia no justificada de la pareja que cotiza y la deja con una mucho mayor desprotección ante los múltiples e imprevisibles avatares que te depara la vida. Pero, sobre todo, es que es de justicia regularizar la situación, para la familia, para el sistema, pero sobre todo para la propia trabajadora.