La Ley de Restauración de la Naturaleza afectará a una de cada tres hectáreas agrícolas

El nuevo reglamento europeo ya vino con polémica: en plenas elecciones europeas, la normativa se usó como arma arrojadiza entre derecha e izquierda y pasó todos los trámites con el mínimo exigible. Ahora, tras su aprobación, el campo en su mayoría se pone en contra.

Básicamente, es la primera ley europea que obliga a restaurar la naturaleza. Concretamente, pretende hacerlo con al menos el 30% de los ecosistemas degradados en 2030, el 60% en 2040 y al menos el 90% en 2050.

Aunque también habla sobre el impacto en zonas urbanas y marinas, son las agrícolas, cómo no, las que preocupan al campo. Y es que los objetivos prioritarios de la nueva ley se centran en las áreas de conservación de la biodiversidad Red Natura 2000. En Extremadura, el 27% del terreno agrícola pertenece a esta red ecológica, según Ignacio Huertas, de UPA. Metidieri abunda que la ley afectará al 30% del terreno agrícola extremeño.

«Nos preocupa que las medidas que hay que aplicar se deben hacer en la Red Natura 2000. Y nos preocupa también si será un obstáculo para agricultores y ganaderos. Hay que tener en cuenta que es una ley controversial: ha pasado por votaciones raspadas y muchos países estaban dudando, como Hungría. Incluso el voto clave, el de Austria, fue de una ministra que votó en contra de lo dictado por su gobierno», declara Metidieri.

Por otro lado, es importante señalar que las medidas que afectan directamente al campo –índice de mariposas en pastizales, recuperación de tierras agrícolas en zonas paisajísticas y reserva de carbono orgánico en tierras de cultivo– deberán considerarse antes en un plan nacional.

«Nosotros nos aseguraremos de que no nos pongan más obstáculos hasta que se llegue a un consenso. Pero esta normativa afectará a los que generamos actividad en las zonas rurales».

Asimismo, indica que «una de las cosas más flagrantes» de la ley es que hay que «restaurar los cauces de los ríos a su cauce natural».

«¿Derruimos las presas, los pantanos? ¿Quién garantiza los nuevos regadíos? Nos perjudicará, las zonas pobres no podrán ampliarse, como en la comarca de Tierra de Barros. Los ecologistas de verdad no están a favor, sólo los de sillón, los que no pisan la tierra», lamenta.

Al parecer, con la entrada de la nueva ley y sus medidas de protección de la biodiversidad, regadíos como el de Tierra de Barros se verían afectados, ya que muchas instalaciones que desvían el agua para el riego no permitirían la eliminación de barreras fluviales.

Por último, Metidieri apunta que la «única esperanza» para el campo es que el gobierno austríaco impugne lo votado por su ministra.

«Sólo así esta ley que aumentará la despoblación de las zonas rurales extremeñas podrá quedarse en un cajón y olvidarse para siempre, que es lo que debería haber ocurrido desde un principio», asegura el presidente de Apag Extremadura Asaja.

«Nadie quiere restaurar y tener más vida en el campo que nosotros, los agricultores y los ganaderos extremeños que llevamos toda la vida generando vida, valga la redundancia, en nuestros campos».

Por su parte, Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE Extremadura, explica que aunque entrará en vigor este domingo todavía habrá una serie de plazos hasta que los estados miembros ultimen sus planes nacionales, para lo que tendrán dos años. En tal caso, la normativa no empezaría a aplicarse hasta el año 2027.

«Nosotros propusimos que las tierras agrícolas se quedaran fuera de esta nueva ley, pero ahora es muy importante que el plan nacional español tenga una buena comunicación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, además de las organizaciones agrarias, para decidir qué medidas se van a implementar», argumenta.

Del mismo modo, Huertas apunta que Bruselas ha dejado claro que no se podrán usar fondos de la Política Agraria Común (PAC) para financiar las medidas de restauración de la naturaleza, algo en lo que están de acuerdo. Eso sí, para él, habrá que tener claro qué presupuesto se pondrá –y de dónde saldrá–.

«Si se pone en perjuicio al campo, que habrá que verlo, se deberá tener en cuenta que esas lesiones a agricultores y ganaderos se palien con estas medidas».

También recuerda que, en caso de que haya una crisis económica como la que pasó con la guerra de Ucrania, cada gobierno podrá parar la aplicación de la nueva ley un año hasta que el sector se recuperara, actuando como un freno de emergencia.

Con todo este contexto, ¿qué le preocupa a UPA-UCE Extremadura? «A nosotros lo que nos preocupa es que nos pongan obstáculos, porque las medidas se tienen que aplicar en las zonas de la Red Natura 2000. De todos modos, cada país deberá crear su propio plan nacional, así que tendremos que ver. Por ejemplo, se habla de la recuperación de la turbera, pero esto sólo afecta a países del norte, por lo que España tendrá que trabajar en si propio hábitat.