El Gobierno local achaca a un fallo administrativo el desfase del CCA

El Centro Comercial Abierto (CCA) entra en su fase de reprimenda política. Mientras existen todavía 70.000 euros sin justificar y no se sabe quién los va a tener que pagar, los dos grupos políticos del Consistorio entran en el cuerpo a cuerpo para echarse en cara su grado de responsabilidad. Mejor dicho, su grado de irresponsabilidad.

El Gobierno municipal, por boca de su consejero municipal de Industria, Antonio Rodríguez Ceballos, insiste en que la gestión era asunto de los comerciantes y el Consistorio se limitaba a fiscalizar el gasto. Para el PP, parte del problema estriba en la «dejadez» del equipo de Gobierno, aunque admite que la gestión de los empresarios ha sido deficiente.

La edil del PP Begoña Saussol, quien junto a Daniel Serrano asistió a la Comisión de Industria convocada para debatir el caso del Centro Abierto, afirma que si el Ayuntamiento ha asumido el 25 por ciento del coste del proyecto, tiene una «obligada» responsabilidad. Su compañero Serrano critica que el Consistorio «sellase los documentos, sin certificar su coste, como, al parecer, es lo que se hacía. En cualquier caso ha habido dejadez».

Respuesta municipal

Según el Gobierno Calle, «al PP se le ha explicado otra vez cómo se ha gestionado y qué errores se han cometido. Errores que llegan de quien lo ha gestionado, no de quien, como el Ayuntamiento, tuvo que intervenir en su momento para minimizar las pérdidas», enfatiza Rodríguez Ceballos. El consejero afea al PP «mucha demagogia cuando fueron ellos quienes pusieron el proyecto en marcha».

Ceballos dice que «sólo ha habido un error administrativo de quien tenía que haber comunicado los cambios del proyecto a la Junta y no lo hizo». Ese fallo es de una funcionaria municipal, que tiene abierto un expediente, que fue «reclamada por los comerciantes para llevar el proyecto».