La huelga mal entendida

CC OO, UGT y el PSOE defienden en Extremadura que se destine a fines sociales, a la renta básica o a ayudas a la inserción el ahorro que las instituciones y organismos públicos regionales registren como consecuencia de los descuentos salariales que apliquen a aquellos trabajadores que secunden la huelga general del próximo día 14. Del mismo modo que en su momento se criticó desde estas páginas la decisión del Parlamento regional de destinar las rebajas de los sueldos de los diputados al apoyo económico de asociaciones como Cáritas o el Banco de Alimentos, igual que recientemente se censuró que la Subdelegación del Gobierno en Badajoz promoviera una campaña de recogida de comida para esta última ONG, ahora la propuesta de los sindicatos y el partido socialista extremeño merecen idéntica reprobación. En los tres casos, aunque de distinta forma, se aplica un argumento que, en el ámbito de lo particular, puede tener un pase y, en todo caso, respondería a la libertad de cada cual para emplear su dinero como considere; pero que en terreno de lo público no halla acomodo. De hecho, en los tres casos se desvirtúa el foco de las responsabilidades y capacidades que los gestores de fondos públicos tienen sobre esos mismos fondos y se abunda en una evidente falacia: los fines sociales sostenidos por fondos públicos deben ser dotados, decididos y articulados sobre la base de una serie de normas, controles y protocolos que en ningún caso son los de la improvisación, la caridad mal entendida o el oportunismo de difundir la falsa idea de que una jornada de huelga además puede ser, en el sector público, un acto de generosidad (no solo de solidaridad) con los más débiles. Es más, en el último caso, el que proponen sindicatos y PSOE, lo que se plantea es una huelga doblemente dolosa para los titulares de los recursos que se verían afectados, pues si se llevara a cabo de esa forma, los contribuyentes tendrían que acarrear con las pérdidas de un día de huelga en la Administración y asumir, por añadidura, que el ahorro económico derivado no se destinara a compensarlas, sino a nutrir acciones sociales que deben disponer de sus propios fondos como cualquier otro programa público. Una huelga general es una medida de protesta y contestación lo suficientemente grave como para que sus organizadores y defensores se la tomen en serio. El pasado día 18 ya se publicó en este mismo espacio que el rechazo ciudadano a las medidas del Gobierno, comprensible por otra parte, va unido «al escepticismo con el que la gente contempla las movilizaciones de respuesta a las mismas; tanto porque los recortes presupuestarios se ven ineludibles al ser impuestos desde la esfera europea como porque las siglas políticas y sindicales que encarnan la crítica a tales medidas tampoco ofrecen salidas que la sociedad perciba creíbles o viables». Iniciativas como las que han planteado los dos sindicatos mayoritarios y el principal partido de la oposición difuminan los trazos de una alternativa para la superación de esta crisis que no puede expresarse en términos demagógicos ni populistas. Si UGT, CC OO y PSOE entran en ese ámbito del discurso público, se verán desbordados o sustituidos por otro tipo de organizaciones que, mucho más a las claras, fundan sus aspiraciones precisamente en ese tipo de mensajes.