La Junta expedienta a 143 personas por no ocupar sus viviendas

La ley considera que una vivienda está habitualmente ocupada cuando sus titulares pasan en ella al menos nueve meses al año, salvo causa justificada. En los últimos cuatro años la Junta ha abierto expediente a 143 personas por no usar viviendas que se han beneficiado de ayudas públicas.

En estos momentos la Dirección General de Arquitectura y Vivienda (Consejería de Fomento) investiga una denuncia presentada sobre un conjunto de ocho casas unifamiliares construidas y vendidas por la empresa pública Urvipexsa en Don Álvaro, una pequeña localidad situada 10 kilómetros al este de Mérida.

Según el denunciante algunas de las viviendas están desocupadas, incluso una en venta, cosa esta última confirmada por la Consejería de Fomento.

Juan Francisco Moreno, director general de Arquitectura y Vivienda, explicó ayer en la comisión de fomento y vivienda en la Asamblea de Extremadura que esta indagación no tiene nada de particular porque es una más de las que se hacen.

Desde las últimas elecciones autonómicas en mayo de 2007, la Consejería de Fomento ha expedientado por situaciones parecidas a 138 adjudicatarios de viviendas sociales, y a cinco propietarios de viviendas protegidas (VPO) de promoción privada.

Normalmente se reciben denuncias sobre adjudicatarios que realmente no viven en la vivienda que han recibido de la Junta en alquiler, y en estos casos si se demuestra el expediente acaba en desahucio y adjudicación del piso a otra familia.

No se la pueden quitar

Por otro lado cinco expedientes se han tramitado en estos años contra propietarios de VPO de promoción privada por el mismo motivo, no habitar la casa.

La ley dice que sucede eso cuando durante tres o más meses al año no se vive allí, salvo que justifique la ausencia. Pero en esos casos, aclara el director general de Vivienda, como son dueños de la vivienda no se les puede quitar, aunque sí exigirles la devolución de las ayudas recibidas del Ministerio y la Junta: subvención y subsidiación de intereses.

En tres de los cinco expedientes que se han abierto así ha terminado el proceso.

Juan Francisco Moreno, responsable de Vivienda, dio ayer estas explicaciones a la diputada del PP Teresa Bravo, que preguntó por las ocho viviendas unifamiliares de Don Álvaro. Fueron adjudicadas pero hay una denuncia sobre que algunas no están ocupadas.

Vivienda ha pedido por segunda vez documentación a los compradores (no son casas sociales de alquiler) y comprobantes de facturas de suministro del agua y la luz, para comprobar que están habitadas. «De momento no podemos decir que estén desocupadas», concluye Moreno.

En uno de los casos el comprador ha pedido permiso a la Junta para poderla vender dado que no puede hacer frente a los pagos de la hipoteca, solicitud que está en estudio pero todavía no está autorizada. Por eso la colocación de un cartel 'en venta' es una «imprudencia» en palabra del director general de Arquitectura y Vivienda.

Si se le autoriza la transmisión del unifamiliar, antes tendrá que devolver las ayudas recibidas, igual que si se demuestra que alguno de los otros propietarios tampoco la utiliza como residencia habitual.