Una vecina de Don Benito denuncia que Andalucía no tramita su pensión de invalidez

En febrero de 2024 está firmado el documento en el que se reconoce que Adriana Guzmán (nacida en 1981) tiene una discapacidad del 65% y desde entonces se encuentra a la espera de que la Junta de Andalucía tramite y empiece a pagarle una pensión de invalidez.

El proceso al que tuvo que enfrentarse esta vecina de Don Benito, aunque natural de Huelva, para certificar su estado de salud no fue sencillo. «Cuando empecé a estar mal, me dijeron que debía inscribirme para una valoración médica; así lo hice y en 2021 realicé la solicitud del reconocimiento de mi discapacidad», explica por teléfono.

Tuvieron que pasar dos años y medio para que la consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía citara a Adriana en el centro de valoración de Cádiz, ya que en ese momento residía en Jerez de la Frontera, y resolviera su expediente. Eso sí, en el documento se especificaba que su grado de discapacidad se reconocía desde septiembre de 2021;es decir, desde la fecha en la que ella registró la primera solicitud al respecto.

Una buena noticia después de la larga espera. Sin embargo, Adriana todavía no sabía que los plazos se podían alargar mucho más. Otro año y medio ha pasado desde entonces y continúa sin cobrar la pensión no contributiva (PNC) que entiende que le corresponde asociada a su situación de invalidez.

Durante este tiempo no ha dejado de presentar reclamaciones y de recurrir a diferentes entidades. «He hablado con el Defensor del Pueblo Andaluz y están hartos de solicitar respuestas por parte de la Junta de Andalucía; ahora ha reunido las varias reclamaciones de pensiones no contributivas de otros usuarios y así hacer más presión, pero la Junta se acoge al silencio administrativo, y así llevamos ocho meses», lamenta Adriana.

Actualmente también ha contactado con un abogado para tratar de agilizar la resolución de su situación y para saber si una vez que le concedan la pensión tiene derecho a percibirla con carácter retroactivo desde la fecha de reconocimiento de su discapacidad.

En el tiempo transcurrido desde que se inició el expediente en Andalucía, Adriana se ha desplazado a vivir a Extremadura. En Don Benito ha solicitado una vivienda protegida, porque hasta el momento reside con un amigo. «Me gustaría saber si algún ser humano puede estar cuatro años sin percibir nada, y desde 2024 sin vivienda; yo no quiero nada que no sea mío, sólo quiero poder tener un techo digno, y mi paga, hasta que se resuelva mi expediente de incapacidad», expone. «Solicito una vivienda digna que pueda pagar, y las ayudas que me corresponden por ser vulnerable y discapacitada», remarca.

Actualmente sí percibe una prestación: la renta activa de inserción (RAI), que no llega a los 500 euros mensuales. «Me la concedieron en septiembre del año pasado por la discapacidad», afirma sobre esta ayuda económica que estaba reservada para, entre otros colectivos, personas con más de un 33% de discapacidad y, por tanto, unas mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo. «Como veía que todo se alargaba, solicité la RAI para poder tener unos ingresos», añade Adriana.

Ahora, esa prestación le puede suponer un problema, ya que asegura que desde la Administración le transmiten que debe rechazarla para poder cobrar su pensión no contributiva por invalidez. Algo que no quiere hacer hasta no tener la confirmación de la pensión. Además, «me dicen de la Junta que ese año que me han pagado la renta –la RAI– me lo descuentan de lo que ellos tienen que pagarme», detalla.

En cualquier caso, ella no tiene tan claro que le vayan a empezar a pagar su pensión en el corto plazo. «No dejan de solicitarme documentación; lo último ha sido un certificado de que estoy empadronada en Don Benito», manifiesta.

Con todas las dificultades que se está encontrando, la intención de Adriana una vez resuelta su solicitud de pensión es trasladar su expediente a Extremadura con la idea de revisar su estado, ya que en los últimos meses ha necesitado dos intervenciones hospitalarias a raíz de un empeoramiento en su estado de salud.

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