El Real Decreto para financiar Martín Palomino de Plasencia cierra el martes el plazo de información pública

El borrador del Real Decreto que articulará la subvención directa se encuentra ahora mismo en un proceso de información pública. El plazo para recoger aportaciones al texto final expira este martes, 15 de julio, tras lo cual se activarán los trámites necesarios para su aprobación definitiva. La fecha de su publicación en el BOE es una incógnita. En condiciones normales, el proceso posterior podría completarse en un mes y medio, pero las vacaciones de verano de los órganos técnicos y jurídicos implicados podrían ralentizar los plazos.

Tras el cierre de aportaciones, tomando como ejemplo borradores anteriores, el Ministerio deberá analizar las sugerencias recibidas y revisar el texto definitivo (entre una y dos semanas), solicitar los informes preceptivos de la Abogacía del Estado y otros departamentos (una o dos semanas más, aunque este trabajo parece adelantado), y remitir el expediente al Consejo de Estado, cuyo dictamen suele requerir entre dos y tres semanas. Si todo marchara a ritmo habitual, el texto podría estar listo para su aprobación en el Consejo de Ministros a finales de agosto, pero la práctica habitual en verano –cuando el Gobierno reduce o incluso cancela reuniones del Consejo– hace más probable que el decreto se apruebe ya en septiembre.

Una vez publicado en el BOE, la Junta podrá licitar oficialmente la obra. El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, aseguró el viernes que el Ejecutivo autonómico lanzará la licitación «en las próximas semanas», en cuanto el decreto esté publicado. Aunque no descarta adelantarla, todo apunta a que la licitación se abrirá en septiembre o principios de octubre, siempre que se cumplan los plazos previstos.

El borrador del Real Decreto destaca que las actuaciones previstas «suponen un avance sustancial en la accesibilidad del municipio, la seguridad viaria y la fluidez del tráfico, contribuyendo al crecimiento económico de la ciudad de Plasencia». Subraya también el papel estratégico de la ciudad, al indicar que «el municipio, segunda ciudad más importante y poblada de la provincia de Cáceres, viene ejerciendo en la práctica como capital de la provincia para los habitantes de las comarcas del Valle del Jerte, del Valle del Ambroz, del Valle de la Vera y de las Hurdes». Y añade también que «la ciudad de Plasencia alberga sedes y organismos administrativos tanto del Estado como de la Administración autonómica, que dan servicios a los habitantes de las citadas comarcas y del municipio».

El texto recuerda que en 2017 se acordó la colaboración del Ministerio, la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia para ejecutar y financiar el proyecto, pero que «las particularidades de la coyuntura política y presupuestaria reciente han impedido la suscripción del citado convenio», lo que ha dificultado avanzar en la financiación estatal.

En consecuencia, el Gobierno justifica la concesión directa de la ayuda apelando a la Ley General de Subvenciones, que permite esta fórmula cuando existen «razones de interés público, social, económico o humanitario». Así, considera que «la subvención es el instrumento jurídico más adecuado» para canalizar la financiación prometida.

El Real Decreto vincula además esta actuación con los principios de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que impulsa el Ministerio y que aboga por garantizar el equilibrio territorial y la inclusión. En esa línea, recalca que «el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible recoge la movilidad como un nuevo derecho de los ciudadanos, que los poderes públicos están obligados a regular y salvaguardar».

La norma, según recoge el borrador, no forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones vigente, pero se considera plenamente justificada por «razones de interés general». Además, subraya que se adecúa a los principios de buena regulación establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

El Real Decreto ha recabado ya los informes necesarios del Ministerio de Hacienda, la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada del Departamento, y se dicta al amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre la planificación general de la actividad económica.

La ejecución de los trabajos, una vez adjudicados, se prolongará durante 18 meses, lo que sitúa el arranque de las obras a comienzos de 2026, tras más de tres décadas de reivindicaciones vecinales y empresariales.