La entrada del Estado a través de la SEPI en el capital de Telefónica, del que ya ha adquirido un 3% y se propone llegar ... al 10%, con lo que se convertirá en su primer accionista, está justificada por la necesidad de preservar el control de una empresa estratégica para nuestro país en materia de telecomunicaciones y seguridad. Dada la ausencia de una alternativa nacional de carácter privado, el Gobierno no podía permanecer impasible ante el riesgo de que la multinacional cayera bajo la influencia de un régimen autoritario como el de Arabia Saudí, cuya operadora STC –propiedad de un fondo soberano– cuenta con el 5% de sus acciones desde finales del pasado año y aspira a hacerse con el 9,9%, para lo que necesita el permiso del Ministerio de Defensa. Es preciso que el Ejecutivo actúe con la máxima diligencia a fin de minimizar el coste de esa compra para los contribuyentes. Y que a través de ella y de la presencia que corresponda al Estado en el consejo de administración respete de forma escrupulosa una gestión profesional de la compañía, sin intromisiones políticas. El interés nacional ha de prevalecer en el regreso de capital público a Telefónica 26 años después de su privatización.
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