El PP se ha apresurado a anunciar que recurrirá la 'non nata' ley de vivienda pactada por el PSOE y Unidas Podemos, aunque de ella ... apenas se conozcan sus líneas maestras. Las más polémicas son que los ayuntamientos podrán aplicar un recargo en el IBI del 150% a las casas vacías y bajar los precios de los alquileres firmados con «grandes tenedores» (con diez o más inmuebles) en las «zonas tensionadas» (con los precios disparados) que determinen las comunidades autónomas.
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Para los populares, dichas medidas atentan contra el derecho a la propiedad privada, amparado por el artículo 33 de la Constitución. No obstante, parecen olvidar que el mismo artículo proclama en su apartado 2 la función social de dicho derecho, lo que «delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes». Y se añade en el apartado 3 que «nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social». ¿Y no es causa justificada de utilidad pública o interés social garantizar a todos los españoles (propietarios y no propietarios) otro derecho reconocido por nuestra Carta Magna en su artículo 47, el «derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada»? El mismo artículo 47 agrega: «Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación». ¿Y acaso las medidas anunciadas por el Gobierno no ayudarán a impedir la especulación y a hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada de los no propietarios, a costa de limitar el derecho de propiedad para que cumpla su función social?
Los que se declaran liberales, siendo las más de las veces neoliberales, replicarán que un mercado libre, sin intervención pública, solo regido por la ley de la oferta y la demanda, que confunden con la del más fuerte, es lo que mejor garantiza al ciudadano el acceso a la vivienda y a cualquier bien o servicio a un precio razonable. Y seguro que mentarán a Adam Smith y su alusión a la mano invisible del mercado para reforzar su argumento. Sin embargo, el economista escocés, aun siendo un firme librecambista, no es, ni mucho menos, adalid de un capitalismo sin restricciones, como lo prueba su apoyo al control de los tipos de interés y a leyes antiusura y su oposición frontal a los monopolios. De hecho, advierte: «Dondequiera que hay gran propiedad, hay gran desigualdad. Por cada hombre rico debe haber por lo menos quinientos pobres». Y muestra más simpatía por los pobres y consumidores en su obra magna, 'La riqueza de las naciones', que por los capitalistas y empresarios. De estos llega a escribir que «cualquier propuesta de una nueva ley o de un reglamento del comercio que proviene de esta clase de gente debe ser siempre recibida con la mayor desconfianza», ya que «tienen, en general, interés en engañar al público, e incluso en oprimirlo». «El interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado pero estrechar la competencia», sentencia.
Por tanto, no hay que confundir, como muchos neoliberales, la defensa de una economía libre con la defensa de los intereses de los empresarios. Como concluye Smith, «lo justo, no obstante, exige que aquellos que alimentan, visten y dan hogar a todo el cuerpo de la nación, tengan, en el producto de su propio trabajo, una parte suficiente para poder alimentarse, vestirse y encontrar vivienda por sí mismos».
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