La dimisión del hasta ahora alto comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, a raíz de la denuncia de la Agencia Antifraude valenciana ... y de la investigación abierta por la Fiscalía por haberse valido de una titulación universitaria engañosa para acceder a su puesto de funcionario en la Diputación provincial en 1985, constituye la segunda renuncia en apenas una semana de un responsable político por inflar su currículum. Antes que Ángel, quien también ha dejado la presidencia del Partido Socialista en la comunidad, abandonó sus cargos por un motivo parejo la diputada y vicesecretaria de Movilidad y Reto Digital del PP Noelia Núñez. Aunque el representante del PSPV se expone a consecuencias más gravosas, porque en su caso lo que inspecciona ya el Ministerio Público es si pudo incurrir en falsedad documental; es decir, un delito penado por la ley. En lo que también han venido a coincidir los dos dimisionarios, con distinta intensidad, es en los argumentos evasivos. Aunque Núñez sí reconoció que no ha terminado sus estudios pese a que en su ficha del Congreso figuraba un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, lo hizo tras estallar la polémica y atribuyendo la falla curricular a una equivocación. Ángel ha ido más lejos en su carta de renuncia, dado que se declara inocente y achaca su señalamiento a una suerte de persecución.
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Con todo, y aun cuando las responsabilidades sean individuales, lo decepcionante de la guerra de títulos que protagonizan los dos grandes partidos del país es la banalización por ambos de la honorabilidad que sí es exigible a todo aquel que se dedique al servicio público y sea retribuido por ello. Supone pervertir los hechos que el PP intentara presentar la obligada marcha de Núñez tras verse descubierta como un gesto de ejemplaridad con el que zaherir a sus rivales socialistas en análoga tesitura. Como lo es que la ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, se afanara ayer en reivindicar los méritos para el bien común de su correligionario, cuando éste no ha acreditado aún la diplomatura en Archivística y Biblioteconomía de la que presumía y cuando sobre él pesan tan serios indicios de que mintió. Aunque lo que flirtea con la ofensa es que Morant –cuya actitud contrastó significativamente con la de la vicepresidenta Montero y la del ministro Torres– vinculara el 'caso Ángel' con un supuesto intento de tapar las deficiencias en la gestión de la dana. Sus víctimas no merecen ser el parapeto ni de esta ni de ninguna otra diatriba política.
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