El Garrovillano y los okupas

Es evidente que usurpar una propiedad ajena para uso propio está mal y debe ser perseguido, y también parece razonable exigir una serie de permisos y requisitos para ejercer la venta ambulante en una capital como Cáceres. ¿Pero qué pasa cuando lo que se ocupa es una propiedad pública abandonada con el único fin de arreglarla y convertirla en un centro sociocultural que da dinamismo vecinal a una zona que bien lo necesita; o cuando quien vende en la calle es un hombre de 84 años que lleva haciéndolo más de 60 y la fuerza de la costumbre (también fuente del Derecho, por cierto) le ha convertido en parte insustituible del paisaje humano de la ciudad?

El denominado Centro Social Okupado Autogestionado (CSOA) La Muela funciona desde hace varios meses en unas construcciones abandonadas en la Ribera del Marco, en las traseras del Espacio para la Creación Joven. El colectivo que lo promueve ha llevado a cabo en este tiempo, tras adecentar el interior y el patio, decenas de actividades como talleres, exposiciones, charlas, lecturas poéticas o comidas de convivencia en las que han participado centenares de cacereños, sin el menor incidente y sin que se tenga conocimiento hasta la fecha de ninguna queja ciudadana por molestias, ruido o suciedad. Se trata de un grupo de edificios municipales (aunque hay una denuncia en los juzgados porque al parecer uno de ellos es de propiedad privada) que llevan años abandonados, sin previsión por parte del Ayuntamiento de darles uso en un futuro cercano. Aun así, el gobierno local ha ordenado su precinto y tapiado, y por lo tanto su desalojo, una resolución que de momento no ha hecho cumplir porque en ese tirar la piedra y esconder la mano, tan propio de muchos políticos cuando no se quieren ver envueltos en polémicas, ha decidido enviar un informe a la Fiscalía para que, ya si eso, sea ella la que actúe y expulse a los okupas.

Que este CSOA La Muela es ilegal lo sabe el Ayuntamiento y lo saben los okupas, pero cabe preguntarse si cerrarlo por las buenas es la única, y sobre todo, la mejor solución. Siempre que los técnicos determinen que las instalaciones son seguras, y que se respete la propiedad privada en caso de haber alguna reclamación en ese sentido, podría buscarse una salida alternativa que permita mantener la actividad y darle cobertura legal ante un posible accidente o incendio, que al final es lo que más preocupa a la administración y por lo que siente obligada a intervenir.

El caso de Domingo Pizarro, conocido en Cáceres como 'El Garrovillano', parece bastante más sencillo de solucionar, si se quiere. Bastaría con habilitarle un pequeño puesto como otros que ya se concedieron en el pasado en la zona de Cánovas, o como los que se instalan en invierno durante varios meses para la venta de castañas, o incluso, como hemos dicho apelando a la costumbre, dejarle en su esquina de los Múltiples donde este hombre es feliz y no molesta a nadie. Quienes hablan de agravio comparativo, que se pasen 60 años vendiendo a la intemperie y luego protesten. Y sobre la multaza de 2.000 euros que le han puesto a Domingo este verano, pues qué quieren que les diga, si el alcalde ordenó a la Policía Local no denunciar a los tractoristas que paralizaron sin permiso el centro de Cáceres en febrero, y en abril perdonó cientos de multas en la zona restringida al trafico a residentes de la parte antigua, seguro que algo se puede hacer.