Yolanda Díaz pugna por no quedar colgada de la brocha con su «giro social»

El mensaje de que había que 'resetear' la legislatura e imprimirle un «giro social» para que de verdad merezca la pena seguir pese al escándalo de corrupción en el corazón del PSOE no parece haber impresionado a sus socios. El pasado 15 de julio, Díaz compareció en Moncloa tras el Consejo de Ministros junto al también ministro de Sumar, Pablo Bustinduy, y flanqueada por los socialistas Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo, y Óscar López, ministro para la Transformación Digital, y, mientras ambos ponían cara de circunstancias, advirtió con tono grave de su intención de llevar a la siguiente Comisión Delegada para Asuntos Económicos el real decreto que aborda la ampliación a 20 semanas por permiso de nacimiento y la retribución de al menos cuatro semanas de permiso parental. «No es la patronal la que impide esto», insistió después.

Esa comisión delegada es un trámite previo al debate en el Consejo de Ministros. Y tanto la ampliación de los permisos por nacimiento, como los permisos retribuidos , como la fijación de un permiso de 34 semanas (en lugar de las 26 actuales) para familias monoparentales forman parte del acuerdo de coalición suscrito por Sánchez y Díaz en octubre de 2023. Pero pese a lo firme del aviso de la vicepresidenta segunda, ni el asunto se vio en el mencionado órgano ni tampoco se trató este jueves en la reunión de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios en la que se decide el índice de asuntos que se llevarán al próximo Consejo.

En Moncloa apuntan que eso no quiere decir que el texto no ve vaya a aprobar el martes, que la negociación seguirá hasta el último momento y que, en última instancia, puede ser el propio presidente del Gobierno el que lo lleve en mano a la reunión. Pero fuentes de Sumar reconocieron este sábado las negociaciones no avanzan «como debieran».

Los socialistas alegan que tampoco pasaría nada por dejarlo para el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, el 26 de agosto, pero Díaz, que ya tuvo que renunciar a incluir la reducción de la jornada laboral en el último pleno del Congreso para evitar un varapalo, quiere cerrar el curso con lo que entiende que es una «buena noticia» para las familias y un mensaje necesario para los votantes progresistas.

Las reticencias por la parte socialista son fundamentalmente económicas. Lo que desde Hacienda se pone en duda es que las medidas sean sostenibles, aunque, fuentes del núcleo duro del partido también esgriman, en el caso de la ampliación de los permisos por nacimiento para familias monoparentales, que podría desembocar en una discriminación de las empresas a la hora de contratar como la que sufrían las mujeres cuando aún no se habían equiparado los permisos de ambos progenitores.

Sumar rechaza ese argumento y recuerda que el Tribunal Constitucional ya dictaminó que lo discriminatorio y lo que tiene un impacto para los hijos con un solo progenitor es que la madre o padre solo dispongan de las semanas que les corresponderían en caso de tener con quién compartir la crianza. Además, Díaz advirtió ya hace diez días de que España estaba abonando más de 9.000 euros diarios de sanción, que pasarán «a partir de ya» a ser 43.000 € euros, por incumplir la directiva que obliga a que se remunere el permiso parental de hasta ocho semanas para dedicarse al cuidado de hijos menores de ocho años.

«No hay ninguna razón que justifique retrasar, bloquear o rebajar una norma que va a permitir que las familias tiengan más tiempo para cuidar y cuidarse», insiste el socio minoritario del Gobierno. «Que estos permisos se amplíen y retribuyan ya, de modo que estén listos para la vuelta al cole, para nosotros es una condición imprescindible para asentar la viabilidad de este Gobierno y de la legislatura», dicen.

Pero, además de esta, Sumar tiene otra batalla. También quiere que el Consejo de Ministros del martes apruebe el anteproyecto de ley del estatuto del becario, pactado por Trabajo con los sindicatos hace dos años. Tampoco parece probable. El texto plantea reparos a varios socios en la Cámara baja, sobre todo PNV, pero también ERC y EH Bildu.