La jueza rechaza el último intento del novio de Ayuso de esquivar el banquillo

La jueza, en dos autos diferentes, rechaza de plano la pretensión del empresario de no llevarle a juicio y asegura que no se ha producido «ninguna indefensión» por la denegación de diligencias solicitadas a última hora por la defensa del imputada, que Inmaculada Iglesias insiste en considerar «innecesarias» e «inútiles» en la fase de instrucción al existir «indicios suficientes de participación de los investigados en los hechos imputados».

En esa línea, la jueza recuerda que el procesamiento de la pareja de la presidenta autonómica se basa, entre otras pruebas, en los los informes de las inspectoras de Hacienda, ratificados en sede judicial, y a una prueba documental con «casi 1.500 elementos que obran en el expediente administrativo y que se tuvieron en cuenta para su elaboración». La investigación de Hacienda fue «extensa y pormenorizada», zanja la instructora.

En la causa queda que se dicte el auto de apertura de juicio oral, paso previo a la celebración de la vista oral. En ese juicio, la Fiscalía de Madrid pide una pena de prisión de tres años y nueve meses para Alberto González Amador por los dos delitos de fraude fiscal en concurso con la falsedad documental. En concreto, por el primer ilícito el fiscal reclama dos años y un día de prisión y por el segundo 21 meses de cárcel. El Ministerio Público pide aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que el imputado consignó en su momento los más de 300.000 euros que no abonó en los ejercicios 2020 y 2021.

Fue el pasado 29 de mayo cuando la jueza Inmaculada Iglesias puso punto final a más de un año de instrucción, al dictar un auto de pase a procedimiento abreviado (el equivalente al procesamiento) contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por los dos fraudes y la falsificación.

La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid también propuso juzgar en este mismo procedimiento al supuesto testaferro del empresario, el mexicano Maximiliano Niederer, y otras tres personas, acusadas de haber colaborado en la comisión de los delitos.

Iglesias cierró así la investigación sobre el posible doble fraude, que era la pieza principal de esta causa en la que se indaga sobre el supuesto fraude a Hacienda de 350.951 euros, pero seguirá instruyendo la pieza separada en la que la pareja de la presidenta está imputado por corrupción en los negocios y administración desleal por el pago de supuestos sobornos al grupo Quirón.

La instructora Iglesias, en esencia, consideró ciertas las conclusiones de la Agencia Tributaria (ratificadas el pasado marzo por dos inspectoras) de que González Amador se dedicó a endosar gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades que no se correspondían con servicios realmente prestados (de ahí la acusación también de falsedad en documento mercantil) con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021.