El Gobierno rechaza regular el papel de la pareja del presidente porque «no es un cargo público»

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, encargado de presentar el texto en una comparecencia en la Moncloa, rechazó que sea una buena idea crear un reglamento concreto para los consortes, en contra de lo que a lo largo del último año y medio han apuntado expertos del ámbito progresista, que ven en la regulación una manera de evitar problemas de interpretación jurídica. «La figura de la pareja del presidente del Gobierno, sea quien sea, en el momento que sea, en el pasado o en el futuro, no es un cargo público, no es un funcionario público, no tiene un sueldo público, no tiene firma para resolver contratos o resoluciones», justificó.

López, que en numerosas ocasiones ha acusado a Peinado de prevaricar y poner en marcha una causa política, añadió que pese a lo que pueda parecer ya existen «controles». «Pongo ejemplos concretos. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María (del PP) tuvo que hacer una consulta a la oficina de conflicto de intereses porque su marido, si no recuerdo mal, trabajaba en Telefónica y había decisiones del Gobierno que afectaban a Telefónica, Y la oficina de conflicto de intereses tuvo que pronunciarse sobre eso», adujo.

El ministro recordó que en el caso de Sánchez, en cambio, ese mismo órgano de control interno desestimó por dos veces un denuncia del PP relativa a la falta de inhibición del presidente en el rescate de Air Europa, compañía con la que Begoña Gómez había negociado un contrato de patrocinio por valor de 40.000 euros para el Instituto de Empresa, en el que trabajaba. La Audiencia provincial de Madrid también obligó al juez Peinado dejar sus investigaciones sobre la ayuda a la aerolínea de la familia Hidalgo pero, en cambio, avaló las pesquisas sobre un presunto trato de favor de la administración al empresario Juan Carlos Barrabés, que ayudaba a Gómez en sus negocios privados.

El ministro, jefe de gabinete de Sánchez en la pasada legislatura, esgrimió que no parece lógico tener el mismo grado de exigencia o las mismas obligaciones de transparencia en lo que se refiere a su agenda o sus actividades con un representante público, que ha decidido voluntariamente entrar en política, que con sus parejas. «Nuestros familiares ya están sometidos a un escrutinio. Ya se pueden ver incluso perjudicados sus intereses porque su familiar es político», adujo. En cualquier caso, un eventual código ético no tendría porqué equiparar las obligaciones de quien está en el Gobierno y la de sus cónyuges y no es ese el debate planteado.