Bruselas exige a España una estrategia nacional anticorrupción

El Ejecutivo comunitario apunta que la percepción entre la ciudadanía es que la corrupción en el sector público español es alta. Según los datos del Eurobarómetro, en 2025 un 89% de los españoles consideraba que la corrupción se estaba extendiendo en el país -frente a la media europea, que se sitúa en el 69%-. Bruselas constata que el trabajo para elaborar una estrategia nacional anticorrupción «no ha empezado aún», un plan que protegería a los denunciantes de casos de corrupción. A pesar de que sí se cuenta con planes y estrategias sectoriales para combatir la corrupción, las partes interesadas apuntan que «la ausencia de una estrategia unificada pone en riesgo la fragmentación y una supervisión insuficiente de las medidas anticorrupción».

En cuanto a la Ley de Amnistía, el informe recoge la decisión del Tribunal Constitucional, que la declara compatible con la Constitución y señala que el caso se ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que celebrará una vista sobre esta cuestión el 15 de julio. La Comisión se limita a apuntar que la normativa -que se ha aplicado a más de 300 personas relacionadas con el procés- y que fue objeto de «gran controversia en España». El Ejecutivo comunitario, por su parte, «ha estado evaluando la pertinencia de la Ley de Amnistía desde una perspectiva del Derecho de la UE, aspecto del cual son objeto de solicitudes de decisión prejudicial ante el TJUE».

Bruselas también se ha pronunciado sobre las medidas para modificar el Estatuto del Fiscal General. La Comisión ya señaló el año pasado la necesidad de «separar sus mandatos de los del Gobierno» y de reforzar su independencia y autonomía. En la edición de 2024, el Ejecutivo comunitario constata que «algunas medidas se han llevado a cabo y otras están en camino» para modificar el estatuto y que ha habido sectores que han expresado «críticas» al respecto, ya que se otorga «más poder» al Fiscal General.

Menciona nuevas medidas adoptadas sobre el régimen de incompatibilidades de jueces y fiscales; así como medidas para mejorar la digitalización de la Justicia. Señala, igualmente, «las protestas de jueces y fiscales, lo que refleja tensiones en torno a las reformas judiciales propuestas» y concluye que la duración de los procedimientos, en particular los del Tribunal Supremo «sigue siendo un desafío».

Aunque la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya no es uno de los mayores asuntos pendientes del Gobierno español, la Comisión pide «impulsar la adaptación del proceso de nombramiento de los jueces miembros del CGPJ», en línea con los estándares europeos.

Fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han valorado el informe de la Comisión, que considera que las reformas impulsadas por el Gobierno «son un avance para la independencia y la calidad del sistema público de Justicia». Destacan que la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscl «supone un refuerzo notable de la autonomía de la Fiscalía» y que se han producido «progresos significativos» en lo relativo al CGPJ. Aseguran, además, que en el documento «no hay ni una línea de las reformas que afecte ni al Estado de Derecho ni a la independencia judicial».