Iberdrola gana el concurso para suministrar electricidad a dependencias del Ayuntamiento de Mérida
Se lo queda por 1,2 millones euros para el suministro de energía a 370 puntos de suministro
La multinacional Iberdrola será la encargada de suministrar energía a todas las dependencias e instalaciones del Ayuntamiento de Mérida. Ha ganado el concurso sacado por el Consistorio emeritense y recibirá 1,2 millones al año por abastecer a un total de 370 puntos de suministro, con un consumo anual estimado de 8 GWh (gigavatios/hora). El contrato es por un año prorrogable otro más. Entre otros, se incluyen dependencias administrativas, centros sociales y culturales, instalaciones deportivas, pabellones o colegios.
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Según ha destacado el delegado comercial deIberdrola en Extremadura, Borja Cañas, esta adjudicación es de gran importancia porque la energética será la responsable del suministro de la capital autonómica, consolidando su apuesta por la región y su liderazgo. Con esta adjudicación, ha indicado Cañas, Iberdrola garantizará un suministro eléctrico «en condiciones de calidad, seguridad y eficiencia, reforzando su compromiso con una gestión energética más sostenible».
El suministro cubrirá de manera integral todas las necesidades energéticas de las instalaciones municipales, entre las que se incluyen los locales municipales y dependencias administrativas, centros sociales y culturales, instalaciones deportivas, pabellones y piscinas. Asimismo se recogen en el contrato los colegios, institutos y centros educativos, además de alumbrado público, semáforos, fuentes ornamentales, parques y jardines, indica Iberdrola en nota de prensa.
Igualmente, Iberdrola pondrá a disposición del ayuntamiento una plataforma web que permitirá llevar el seguimiento y control de la facturación de las instalaciones, la optimización de las potencias contratadas, así como el análisis de los consumos de los suministros que permitirá establecer una estrategia de ahorro y de optimización energética de los suministros municipales.
El contrato tiene una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga por un año más, «lo que permitirá garantizar la continuidad del servicio bajo las mismas condiciones económicas y técnicas establecidas».
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