Las solicitudes en espera para una residencia de mayores aumentan un 50% tras la pandemia
Extremadura ·
En 2022 el Sepad ha puesto en marcha 677 nuevas plazas residenciales para dependientes
Dos de cada diez personas en Extremadura tiene más de 65 años de edad, una cifra que no para de aumentar en los últimos años. Población cada vez más envejecida y con más dificultades para vivir sin la ayuda de profesionales. Ante esa realidad las residencias no dan abasto y la lista de espera no cesa.
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De hecho, la solicitudes en espera para obtener una plaza residencial pública han aumentado un 50% en tres años. Si antes de la pandemia, en diciembre de 2019, había 1.365 peticiones esperando a ser resueltas, actualmente son 2.042, según la Consejería de Sanidad.
La Junta matiza que no se trata de personas porque cada una de ellas puede elegir hasta cuatro centros diferentes cuando realiza la solicitud. Además, aluden a que ahora mismo están en un periodo de ajuste de las listas de esperas porque han incrementado el número de plazas residenciales en 2022 y 2023.
En concreto, respecto al año 2022 se han incrementado un total de 677 plazas nuevas para dependientes en los ayuntamientos que ha financiado el Sepad, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.
La razón de este incremento se debe sobre todo a la pandemia, pues durante los peores años (2020 y 2021) se paralizaron muchos ingresos.
15.000 plazas
En Extremadura hay más de 15.000 plazas en residencias. De ellas más de 9.000 son públicas y más de 6.000 privadas. De todas, 1.276 las gestiona directamente el Sepad. 2.392 están financiadas por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales pero son de titularidad municipal y 1.120 están concertadas con entidades privadas.
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Además hay 4.771 plazas acreditadas por la Consejería de Sanidad para prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial. Las personas en espera de un centro público invierten la prestación concedida por su grado de dependencia en la contratación de un servicio privado hasta que pueden acceder al público.
«Eso hace que muchas de las solicitudes para una residencia sean atendidas con prestaciones vinculadas», aclara la Junta.
En concreto, en relación al número de personas actuales en lista de espera, el 46 % tiene el servicio residencial a través de una prestación económica vinculada, el 22% tiene un servicio de ayuda a domicilio, un 10% centro de día y el 6% teleasistencia. Sin embargo, un 16% no tiene ningún servicio.
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En cuanto al precio, es menor que en las privadas. De media, las camas públicas rondan los 17.500 euros anuales y la Junta las financia con 11.000. De este modo, cada usuario suele pagar unos 6.500 euros de media, aunque varía dependiendo de los ingresos, por lo que no suele pasar de los 600 euros. En las privadas ronda de media los 1.700.
Las cuotas que pagan los usuarios en residencias públicas es del 75% de los ingresos que perciben, siempre que sean superiores al salario mínimo. En caso contrario, la aportación a los centros será del 65%.
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