Extremadura aún mantiene vestigios franquistas

En Extremadura no hay enterrados militares golpistas, pero la huella del régimen fue numerosa, si bien los la mayoría de vestigios relacionados con la dictadura de Franco han ido desapareciendo, casi todos desde 2017. A día de hoy el cumplimiento de esa ley es satisfactorio para quienes han impulsado su retirada, que son las dos diputaciones provinciales. La única excepción son los Ayuntamientos de Badajoz y el de Cáceres, que no han seguido todas las recomendaciones del comité de expertos de cada diputación para la retirada de símbolos que exalten figuras o hechos del franquismo.

En los últimos cuatro años se han cambiado nombres de calles y de municipios –como Guadiana, que en 2019 perdió su apellido 'del Caudillo' cuando la corporación municipal pasó de manos del PP al PSOE–. También se han retirado leyendas en placas o cruces religiosas que se han resignificado o trasladado a cementerios evitando su vinculación con la época franquista.

Sin embargo, aún hay tareas pendientes en la reparación del dolor de las víctimas, como la exhumación de represaliados cuyos cadáveres aún no se han encontrado. En 2020 ya se habían abierto 84 fosas y recuperado casi 400 víctimas, pero se estima que aún hay casi 14.000 sin localizar, una cuestión que depende de que sigan destinando recursos técnicos y económicos.

También sigue sobre la mesa que la Junta de Extremadura termine de reglamentar una ley autonómica de 2019 que va más allá de la nacional, redactada en 2007 y que contenía algunas lagunas, de ahí que el mes pasado se aprobara la Ley de Memoria Democrática.

Con excepción de la ciudad de Badajoz, que entre otros vestigios conserva una pedanía cuyo nombre es Villafranco, se puede decir que Extremadura tiene casi todos sus deberes hechos, por eso en febrero de 2018 la Diputación de Badajoz admitió que «la práctica totalidad de los ayuntamientos» aceptó las recomendaciones del comité de expertos de la Memoria Histórica. Hay que recordar que no seguir las directrices implicaba no poder optar a determinadas subvenciones de la institución provincial, pero el Consistorio pacense recurrió lo que consideraba un chantaje y ganó en los juzgados.

Su entonces alcalde, Francisco Javier Fragoso, no entendía que ese comité tuviera legitimidad. Además, el exalcalde asegura que tenía más de mil firmas de vecinos (tiene 1.500 habitantes) oponiéndose a cambiarle el nombre a esta pedanía.

Así, la capital pacense conserva calles como 18 de diciembre o José Antonio, igual que muchas placas del Ministerio de la Vivienda con el yugo y las flechas, y mantiene muchas de alcaldes de la época de Franco, al igual que en otros pueblos donde se terminó valorando que aquellos regidores hicieron más cosas positivas que negativas.

Según ha explicado Fragoso, otras calles de Badajoz como División Azul o Coronel Yagüe, ya fueron cambiadas durante la democracia «para no herir algunas sensibilidades», sin necesidad de que la Diputación lo ordenara.

Manuel Candalija, licenciado en Historia Contemporánea y miembro de aquel comité, señaló el jueves a este diario que se intentó ser flexible, por eso se aceptaron muchas alegaciones de pueblos y bastaron declaraciones oficiales en los plenos para corregir el significado de algún topónimo o símbolo. De hecho, los nombres de varios alcaldes entre 1939 y 1975 se mantienen.

En la provincia de Badajoz el procedimiento para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica (desde el 20 de octubre Ley de Memoria Democrática) fue escalonado. Hubo una primera fase iniciada en 2016 y que duró 14 meses para elaborar una lista de vestigios que dio lugar a 262 referencias «en las que colaboraron, además de los ayuntamientos, empresarios, asociaciones memorialistas, cronistas de la villa y los propios vecinos», señala Candalija.

La segunda fase consistió en confirmar sobre el terreno esos vestigios y categorizarlos. Por último, se enviaron cartas a los ayuntamientos, que corrigieron acorde a la ley sus topónimos exaltando el franquismo. «La iglesia también colaboró resignificando muchas de sus cruces», recuerda Candalija.

José Manuel Corbacho es abogado y preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, que cumple ahora veinte años. Formó parte de los dos comités, el pacense y el cacereño. Según dice, «en Cáceres había muchos más ayuntamientos con vestigios franquistas, con muchas más calles dedicadas a generales golpistas». Afirma que aún hay ayuntamientos que no han contestado a los requerimientos de un comité de expertos cuyos trabajos aún no han concluido. Se debe a que en la provincia de Cáceres se llevó a cabo el mismo proceso, pero comenzaron más tarde.

La Diputación cacereña también creó en 2018 una comisión de expertos encargada de catalogar los cientos de vestigios franquistas que aún permanecen en lugares públicos. Cuatro años después, y tras subcontratar el trabajo de campo por 80.000 euros con una empresa externa, los resultados completos siguen sin hacerse públicos, de manera que la retirada de vestigios se está haciendo por iniciativa de cada ayuntamiento.

Por poner algunos ejemplos, la Cruz de los Caídos de Gargüera de la Vera fue trasladada al cementerio municipal en 2021, igual que de una vidriera del ayuntamiento de Jaraiz de la Vera se retiró un escudo franquista, por citar algunos elementos recogidos en el catálogo que elaboraron los expertos designados por la Diputación.

En Cáceres capital permanecen visibles varios que están en esa lista. El caso más llamativo es el de la gran Cruz de los Caídos que preside la plaza de América. Según explica Corbacho, «ya el 16 de diciembre de 2004, el pleno municipal del Ayuntamiento de Cáceres aprobó por unanimidad retirar la 'Cruz de los Caídos' del lugar que ocupa. La propuesta fue iniciativa del grupo municipal de Izquierda Unida-SIEX y fue apoyada por el Partido Popular, siendo José María Saponi alcalde presidente del consistorio y también por el Partido Socialista Obrero Español. En esta propuesta se incluía el traslado de la Cruz de los Caídos al cementerio y se vinculaba este traslado a una reforma integral de la zona, que podría incluir su sustitución por otro monumento en favor de la paz, sin que hasta la fecha se haya cumplido dicho acuerdo, ni conste se haya dictado resolución alguna al respecto».

El actual gobierno municipal del PSOE ha declarado varias veces que su intención es retirarla y llevarla al cementerio, pero que para ellos no es una prioridad, por lo que no se ha tomado ninguna iniciativa en ese sentido. Además, en la ciudad existe un movimiento ciudadano que, bajo el lema 'La Cruz no se toca', exige que el monumento se quede donde está, con el argumento de que se trata de un símbolo religioso cuya carga política desapareció en 1986 al cambiarse la placa de su base por otra que engloba las víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil.

Otro vestigio se encuentra en la concatedral de Santa María. Es una grabado con la inscripción 'José Antonio' cuya eliminación llevan años negociando el Obispado y el Ayuntamiento y que de momento sigue ahí.

También hay planes incumplidos hasta la fecha para retirar el gran escudo con el yugo y las flechas que preside el conocido como Edificio de los Sindicatos, en la avenida Clara Campoamor. En el Palacio de los Golfines de Arriba, que fue residencia de Franco entre el 26 de agosto y el 3 de octubre de 1936, hay una placa que conmemora su nombramiento como jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos.

Plasencia sí ha tomado algunas decisiones en los últimos años para cumplir la Ley de Memoria Histórica. En 2017 el pleno revocó las tres medallas de oro de la ciudad concedidas a Franco en 1945, 1964 y 1971 a petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, ARMHEX.

Un año después quitó el nombre de José Calvo Sotelo a una de las principales avenidas de la ciudad, y lo sustituyó por el de Leopoldo Calvo Sotelo para no tener que cambiar las placas que identifican la vía, en las que tan solo pone 'Avenida de Calvo Sotelo'.

Algunas de las acciones que faltan son cambiar de nombre la avenida Martín Palomino (presidente de la Diputación entre 1961 y 1967) –una medida a la que el Ayuntamiento ya ha dicho que no se opondrá cuando se le requiera–, o eliminar la Cruz de los Caídos que permanece en el parque de la Rana, al igual que en Cáceres dedicada hoy en día a todos los muertos de la Guerra Civil.

Las cruces de los caídos son uno de los vestigios franquistas más numerosos que hay en la provincia de Cáceres. Varios municipios ya las han retirado de lugares prominentes y llevado a los cementerios.

El caso más sonado ha sido el de Casar de Cáceres, cuyo alcalde, Rafael Pacheco, fue denunciado por ello por la asociación Abogados Cristianos y agredido por un vecino. La denuncia quedó archivada por la justicia, y después Abogados Cristianos denunció también al presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, a quien acusaba de presionar a los ayuntamientos para que retiraran los vestigios franquistas, bajo la amenaza de perder subvenciones. El asunto quedo archivado después de que todos los alcaldes que testificaron negaran haber recibido tales presiones.