La promotora de Valdecañas no recurrirá el derribo total pero sí la Junta, que irá al Constitucional

La Junta de Extremadura está ahora preparando esa alegación ante el Supremo, y tiene hasta el día 15 de marzo para presentarla. La administración no aclara qué motivos argumentará para pedir la nulidad, pero hay que recordar que otras partes perjudicadas por la orden de derribo completo ya mencionaron en su momento la posibilidad de que dos magistrados de la Sala que dictó esa sentencia hayan incurrido en algún tipo de incompatibilidad que podía dar lugar a pedir la nulidad. El motivo era que ya habían intervenido en el proceso en instancias anteriores.

En concreto, se citaba al magistrado extremeño Wenceslao Olea Godoy y a su colega Inés Huerta Garicano. El primero formaba parte del TSJ extremeño que en el año 2011 declaró ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional) que permitió levantar el resort. Y la segunda estaba en la sala que estudió y decidió admitir el recurso de casación de Ecologistas en Acción que dio pie a la sentencia que ordena el derribo total. Varias fuentes judiciales creen improbable que prospere esta cuestión, en el caso de que haya sido la alegada para solicitar la nulidad. Argumentan que tanto Olea como Huerta decidieron en su momento sobre cuestiones procesales distintas a la del derribo.

En cualquier caso, la administración extremeña solicitará esta nulidad como paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional. Pilar Blanco-Morales, vicepresidenta primera del Gobierno regional, ya afirmó tras conocerse el contenido de la sentencia del Supremo, que la Junta presentaría recurso para intentar evitar la demolición total del complejo. Entre los argumentos que la vicepresidenta citó como posible línea de defensa jurídica, mencionó el razonamiento de que si la prioridad es hacer lo menos dañino para el medioambiente, echarlo todo abajo no es la mejor opción, ya que generaría más perjuicio que la demolición parcial, apuntó Blanco-Morales.

Este recurso de la Junta da continuidad al procedimiento judicial que comenzó hace 15 años y que parecía acercarse a su final con la sentencia del TSJ extremeño de febrero de 2020 ordenando la demolición parcial ante la «imposibilidad no legal pero sí material parcial» de echar abajo todo lo construido hasta devolver el terreno al estado que tenía antes de la construcción del complejo, cuyas obras empezaron en el año 2007 y cuyas primeras viviendas se entregaron en 2011. Ahora, habrá que esperar primero a que el Supremo resuelva sobre la petición de nulidad y luego al posible recurso ante el Constitucional. Tras esas instancias, a la administración regional aún le quedaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para intentar que no se eche abajo todo el resort, una resolución que mayoritariamente rechazan los vecinos de El Gordo y Berrocalejo.