Estos son los plazos y requisitos de las ayudas de la Junta por los incendios forestales

La mayor parte de las ayudas directas corresponde al sector agrícola y ganadero, así como a los profesionales de la apicultura. Se destinan a las explotaciones afectadas por alguno de los 17 incendios incluidos en el decreto-ley, que afectaron a alrededor de 50.000 hectáreas, desde el 16 de junio al 15 de agosto.

Esos incendios, y las localidades afectadas, son los de Campo Lugar (Campo Lugar y Alcollarín), Plasenzuela (Cáceres y Trujillo), Casas de Don Pedro (Casas de Don Pedro y Valdecaballeros), Trujillo (sólo afectó a Trujillo), Valdecaballeros (Valdecaballeros, Alía y Castilblanco), Arroyomolinos (Arroyomolinos y Alcuéscar), Caminomorisco (Caminomorisco y Pinofranqueado), Oliva de Mérida (sólo esa localidad), Aldea del Cano (Aldea del Cano, Sierra de Fuentes y Cáceres), Villar del Pedroso (sólo afectó a ese municipio), Jarilla (Gargantilla, Hervás, Cabezuela del Valle, Jarilla, Oliva de Plasencia, Plasencia, La Garganta, Jerte, Cabezabellosa, Villar de Plasencia, El Torno, Navaconcejo, Tornavacas, Valdastillas, Rebollar, Casas del Monte y Segura de Toro), Azuaga (Azuaga y Peraleda del Zaucejo), Burguillos del Cerro (sólo ese municipio), Alburquerque (Alburquerque, Cáceres y Herreruela), Llerena (Llerena, Villagarcia de la Torre, Bienvenida, Fuente de Cantos y Montemolín), Cáceres (sólo en la capital cacereña) y Casar de Cáceres (Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz).

Las ayudas a la agricultura son para personas y entidades que figuren en el Registro de Explotaciones Agrarias con superficie productiva de cultivos permanentes (cerezo, olivo, castaño frutal y asociaciones de cultivos) en los términos municipales citados.

La Junta pagará por los daños causados por los incendios forestales en las superficies productivas de las explotaciones. La cuantía será de 3.000 euros por hectárea. También se verán beneficiadas superficies más pequeñas, aunque no se concederán menos de 300 euros. Se computarán en su integridad los recintos con áreas productivas afectadas superior a sus dos terceras partes. La dotación asciende a 1,5 millones de euros.

En cuanto a las ayudas a la ganadería, se dirigen a explotaciones inscritas en el registro autonómico (Badigex) de los términos afectados y que estén clasificadas para producción y reproducción de las especies bovina, ovina, caprina, equina, porcina o apícola.

La cuantía de la ayuda ascenderá a 500 euros por unidad de ganado mayor. Los vacunos de más de dos años y equinos de más de doce meses de las especies caballar, mular y asnal equivalen a una unidad; ovinos y caprinos reproductores equivalen a 0,15; y porcinos adultos equivalen a 0,30. No se concederá subvención si, con estos criterios, corresponden menos de 300 euros. Para las explotaciones apícolas será de 100 euros por colmena. La dotación para esta línea es de 200.000 euros.

Asimismo, los ganaderos podrán recibir una compensación por la pérdida de vallado, para lo que deberán reponer los elementos inutilizados en un plazo máximo de dos años. Percibirán 37 euros por metro lineal con un mínimo de nueve metros, ya que no habrá concesiones de menos de 300 euros. La Junta dispone de 300.000 euros para este fin.

Las ayudas por destrucción del vallado deben solicitarse en un plazo máximo de diez días desde la publicación del decreto-ley. Para el resto, la Junta publicará una relación provisional de beneficiarios dentro del mismo periodo. Tras esto, se podrá pedir la inclusión o la exclusión del listado.

Los agricultores, ganaderos y apicultores deberán cumplir los requisitos habituales para poder cobrar subvenciones, excepto hallarse al corriente en las obligaciones tributarias, con la hacienda autonómica o con la Seguridad Social. Es decir, tener una deuda de ese tipo no impedirá cobrar la subvención.

La Junta también ha aprobado una línea de créditos para profesionales dotada con 1,16 millones de euros. Los afectados por los incendios podrán pedir entre 3.000 y 60.000 euros. La Administración regional financiará al 100% el pago de intereses.

En cuanto a las ayudas al sector turístico, se crean para alojamientos rurales, empresas de actividades turísticas alternativas, hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, albergues, campamentos, restaurantes y balnearios. Deberán encontrarse en municipios cuya población fue confinada, evacuada total o parcialmente o aislada a causa de los incendios en las comarcas de Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra-Tierras de Granadilla. Queda fuera por tanto Las Hurdes, lo que ha sido criticado por asociaciones del sector.

Las localidades incluidas en el decreto-ley son Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Segura de Toro, Rebollar, Jarilla, Cabezabellosa, Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia. A esto se suman Tornavacas, Navaconcejo, Cabezuela del Valle y Jerte, pero sólo con casas aisladas, por lo que las ayudas se limitan a las empresas de actividades turísticas alternativas.

Los establecimientos debían estar ejerciendo la actividad en el momento de los incendios y estar inscritas en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura. La cuantía de las ayudas se ha calculado teniendo en cuenta una media del 25% de la reducción de ingresos por la falta de actividad, con un fijo de 1.200 euros y una variable en función del tamaño del establecimiento y tipología, que puede llegar hasta 1.800 euros en el caso de un hotel de más de 50 habitaciones. De esa forma, oscilan entre 1.200 y 3.000 euros. Esa es la cifra más alta que recoge el decreto-ley. Las solicitudes se deben presentar de forma electrónica en el plazo máximo de un mes. La dotación disponible es de 300.000 euros.

De forma paralela, al margen del decreto-ley, la Junta ha creado una línea de microcréditos para empresas turísticas del Valle del Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra-Tierras de Granadilla, gracias a un acuerdo con Cajalmendralejo y Caja Rural de Extremadura. El Gobierno regional destaca que tendrán condiciones financieras atractivas y flexibles, con un importe máximo de hasta 50.000 euros, sin necesidad de aportar garantías adicionales, un tipo de interés bajo y una duración de hasta cinco años.