Operación vestigios

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado dos sentencias en las que concluye que la Diputación de Badajoz no puede quitar ayudas a los municipios de la provincia en función de que cumplan o no la Ley de Memoria Histórica. O que al menos no lo puede hacer como lo ha hecho.

Este es el último capítulo de un conflicto que, como muchos lectores recordarán, tiene su origen en el catálogo de vestigios franquistas que la Diputación ordenó elaborar a un comité. El siguiente paso fue ligar las ayudas que concede la institución provincial a la retirada de esos vestigios, principalmente nombres de calles de personas que tuvieron algún cargo en la etapa franquista.

Algunos municipios alegaron contra la lista, que contenía errores; otros mostraron su desacuerdo, pero todos, excepto Badajoz, acabaron acatando el criterio de la Diputación para no perder las subvenciones. Badajoz recurrió al juzgado, ganó en primera instancia y ahora el TSJEx le da la razón en esencia: no se pueden quitar subvenciones de la manera en que se hizo porque se vulnera la autonomía municipal.

Para eso están los tribunales, para determinar si la ley se ha aplicado de manera correcta. Y en este caso no ha sido así. La Diputación ha perdido en el juzgado porque la 'operación vestigios' no se ajustaba a la ley. Así de simple. Y desde el minuto uno en que se concibió se hizo mal. Porque está mal saltarse a la torera la autonomía municipal y utilizar los fondos de la Diputación para imponer su criterio, tal como han sentenciado una magistrada en primera instancia y un tribunal de cuatro magistrados en segunda. Poner a los alcaldes en la disyuntiva de aplicar el catálogo o quedarse sin unos fondos que todos los pueblos necesitan es, además de contrario al derecho, como certifican los jueces, un error político.

El pasado jueves la institución presidida por Miguel Ángel Gallardo mostró su respeto a la sentencia en una nota, pero concluyó que la iniciativa «ha sido un verdadero éxito». La Diputación pasa de largo ante el revolcón que le han dado los jueces y se centra en el hecho de que 164 de 165 municipios (todos menos Badajoz) han retirado las placas, escudos, calles e insignias del franquismo que pervivían en la provincia. Visto así, y dado que ese era el objetivo, acabar con todo recuerdo del antiguo régimen, ha sido un éxito.

¿Aunque haya sido a costa de atropellar la autonomía municipal y de utilizar los nutridos fondos de la provincia para meter en vereda a los alcaldes más renuentes? Ahí ya hay más dudas. Si el tamaño del éxito lo medimos también por la capacidad de Miguel Ángel Gallardo para imponer su política en la provincia, hay que reconocer que también lo ha sido. Y rotundo. El poder del presidente de la Diputación ha quedado más que demostrado. Gallardo manda. Y mucho.

Pero en democracia no solo importan los resultados, importan los procedimientos; el respeto a la ley.

Y quizá lo más triste es que la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica se podía haber hecho bien. Muy bien. Bastaba con no haber cometido errores en el catálogo y haber actuado sin sectarismo. Dialogando y ajustando cada paso a la ley y sin necesidad de forzar adhesiones con la amenaza de retirar las ayudas.

Solo aplicándola con exquisito respeto se puede evitar que la ley de Memoria Histórica sea utilizada como excusa para avivar enfrentamientos. Ya hay demasiados por todas partes. Ahí tienen el penoso episodio del concejal de Vox en Badajoz, convertido en agente provocador con su moción para que el pleno condene hoy la actuación del PSOEde hace 85 años!! La ley de la Memoria además de Histórica debería ser, sobre todo, conciliadora.