El Gobierno estudia no derribar la presa de Valdecaballeros tras la petición de la Junta

El embalse fue construido en los años 80 para refrigeración y uso de la central nuclear de Valdecaballeros, que nunca llegó a entrar en operación. Endesa e Iberdrola pidieron en 2021 la extinción del derecho de concesión de ese aprovechamiento. La Dirección General del Agua accedió el pasado mes de marzo a esa petición y ordenó el derribo de la presa a costa de las compañías eléctricas, tal como han reclamado las asociaciones conservacionistas Ecologistas en Acción y Ríos con Vida, así como un club deportivo de caza y pesca de Béjar. La Junta se opone por los daños ambientales y al abastecimiento de las poblaciones citadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica recordó ayer a través de una red social que la presa fue diseñada para refrigerar una central nuclear que nunca estuvo en funcionamiento. «Con arreglo a la normativa vigente, extinguida la concesión, corresponde demolerla, salvo que se identifique un nuevo uso y se garantice su mantenimiento», añade. «Nunca ha sido un embalse destinado a garantizar el abastecimiento de agua, pero la Junta de Extremadura ha mostrado su interés por preservarla, por lo que se está evaluando técnicamente la posibilidad de estimar la demanda de mantener esta infraestructura», concluye.

Este anuncio se produjo sólo un día después de que la Junta de Extremadura remitiera un recurso de alzada contra la resolución que ordena la extinción de la concesión de agua y el derribo de la presa. «Estamos convencidos de que lo vamos a ganar», afirmó ayer el portavoz del Gobierno regional, Juan Antonio González, ya que «tenemos toda la razón del mundo».

En ese recurso, que además sirve como primer paso para acudir a los tribunales en caso de que no se atiendan sus peticiones, la Junta considera que existen motivos para anular la resolución de la Dirección General del Agua, ya que asegura que la Administración regional no fue consultada sobre el derribo de la presa.

En marzo de 2021 el Ministerio para la Transición Ecológica solicitó sendos informes a la Dirección General de Industria, Energía y Minas y a la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta sobre el expediente de extinción de derechos. Las compañías planteaban la reversión «de las obras, construcciones e instalaciones realizadas, en el estado y condiciones en las que se encuentran actualmente».

El recurso apunta que en ningún momento se planteó el derribo de la presa y por eso los informes elaborados por el Gobierno regional se ciñeron a la extinción del aprovechamiento. Y añade que la resolución sobre la demolición, de marzo de este año, «supone una modificación tan sustancial del objeto del procedimiento que debió ser trasladada a esta Administración autonómica para la emisión de los correspondientes informes». Y no es solo un reproche, sino que apunta que es una causa de nulidad por no haber dado participación a la Junta como órgano sustantivo y ambiental.

En cualquier caso, ya debía conocer que el derribo era una opción. El Consejo de Estado emitió en noviembre del pasado año un dictamen sobre el expediente en el que se mostró a favor de la extinción y añadió que, en caso de demolición, el coste debía ser asumido por las empresas. Pero dijo también que la Confederación del Guadiana debía adoptar las medidas necesarias para no poner en peligro el abastecimiento a Valdecaballeros y Castilblanco.

La Junta destaca que este dictamen sirvió de base para la decisión de la Dirección General del Agua, por lo que considera que debería tenerse en cuenta en toda su extensión. Como no ha sido así, aprecia falta de motivación.