Llerena denuncia en la Asamblea el desmantelamiento de su sanidad pública

«Esto supone que la mujer ha tenido que recorrer 126 kilómetros para entrar al quirófano», resumió ayer Miguel Ángel Sánchez Rafael, portavoz de la Plataforma en auxilio del hospital de Llerena. Sanitario de profesión, dejó claro que ese caso no es ningún supuesto teórico, sino la realidad a la que se enfrentan a diario los vecinos de la Campiña Sur y que va a más.

Miguel Ángel Sánchez Rafael compareció ayer en la Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea, a propuesta de Unidas por Extremadura, para detallar a los políticos las carencias que se acumulan en el hospital de Llerena y reclamarles soluciones en favor de sus vecinos. Recordó que este centro abrió sus puertas en 1982 y comenzó a sumar servicios y prestaciones hasta el traspaso de las competencias sanitarias a la Junta. Desde entonces, el desmantelamiento no ha parado.

«Celebramos que se abrieran otros hospitales, como el de Zafra, pero no que se acerquen los servicios a unos vecinos arrebatándoselos a otros». El hospital de Llerena no tiene garantizados todos los días servicios troncales como Radiología, Traumatología y Cirugía. «Los dos últimos los tenemos durante seis meses; los radiólogos, los días impares (los pares están en Zafra)».

Ambos centros comparten especialistas en tiempos de déficit, pero no todos. «En Zafra hay dos digestivos, ninguno en Llerena». «Por eso, de poco sirve que se renueve el aparataje si no tenemos quien lo maneje», ni que se trate de paliar la carencia de una UCI con la puesta en marcha «del trampantojo de la unidad de críticos que nos han montado».

En nombre de la Plataforma en auxilio del hospital de Llerena, Sánchez Rafael denunció que los directivos del complejo teletrabajan, la discriminación sanitaria que padecen los vecinos y exigió soluciones más allá de incentivos económicos. «Hay especialistas que rechazan trabajar en el hospital porque no hay UCI y ante una complicación estarían desamparados», puso de ejemplo, después de criticar una fórmula de contratación del SES que «ni es correcta ni es ética», dijo. «Son contrataciones para rebajar lista de espera, pero después hay que esperar meses o años para una segunda o tercera consulta».

No le convencieron los datos ni de especialistas contratados ni de inversión ejecutada en los meses que el PP lleva al frente de la Junta, que detalló el diputado José María Saponi garantizando que el Gobierno de Guardiola continuará trabajando en la misma línea. «Gallinas que entran por las que salen y llaman inversión a lo que es mantenimiento», le respondió el portavoz de la plataforma.

José Antonio González, de Unidas por Extremadura, reclamó un calendario de actuaciones para mejorar la atención sanitaria en Llerena y el portavoz de Vox, Óscar Fernández, se comprometió a incluir partidas en los próximos presupuestos «si influimos en ellos».

Solo la diputada socialista Isabel Gil Rosiña recordó a Sánchez Rafael que «hay otros extremeños más lejos de un recurso sanitario que los de la Campiña Sur» y puso sobre la mesa la necesidad de evitar el intercambio de culpas y apostar por un debate serio y un análisis riguroso de la planificación sanitaria en la región. «Porque los criterios de entonces no son los de ahora», argumentó, en un momento marcado por la bajada de la población, el déficit de especialistas y la preferencia de los facultativos por los hospitales centrales.

También intentó abrir un debate sobre los problemas estructurales de la sanidad extremeña, como ya hiciera la semana pasada en el pleno de la Asamblea, pero Isabel Gil Rosiña se encontró ayer con la misma respuesta que obtuvo entonces de la consejera de Salud. El gerente del SES, Jesús Vilés, le detalló de nuevo los datos que reflejan que este verano, frente al de 2022 que gestionó el PSOE y el de 2023 que planificó, ha habido más contratos y más actividad sanitaria.

Datos, no obstante, que no la convencieron. «Este verano ha habido un caos sanitario y no nos vamos a cansar de poner luz en los problemas», le dijo al gerente del SES. «Le recomiendo que abandone un mensaje alarmista y carente de rigor», le respondió Jesús Vilés ayer en la Comisión de Salud y Servicios Sociales en la Asamblea en la que tuvo que comparecer a petición del PSOE.

Antes de su comienzo, Isabel Gil Rosiña, denunció la retirada de la licitación del contrato de transporte sanitario terrestre «por errores garrafales que no se pueden subsanar de ninguna manera contemplada en la Ley de Contratación del Sector Público». Un ejemplo más, a juicio de la portavoz de Sanidad del grupo parlamentario socialista, de que »el SES está en los últimos meses como un pollo sin cabeza« y motivo por el que se ha preguntado »en manos de quién tenemos lo más importante para la mayoría de los ciudadanos con una dotación de casi 3 mil millones de euros anuales». A juicio de Gil Rosiña, «alguien debería asumir responsabilidades en la Consejería de Salud por hacer los pliegos del transporte sanitario terrestre mal y no tener ninguna posibilidad de arreglo según la ley».