El juzgado de instrucción resolverá el recurso de la Fiscalía a la citación del hermano de Pedro Sánchez

A ese recurso de reforma, presentado este martes, debe dar respuesta el Juzgado de Instrucción numero 3 de Badajoz por ser el órgano judicial que ha dictado el auto recurrido. Si su respuesta no fuese considerada satisfactoria por la Fiscalía, cabría la posibilidad de que el Ministerio Público elevase su solicitud a la Audiencia Provincial de Badajoz.

La fiscal a la que ha sido encomendado este caso solicita la revocación de esa resolución judicial. Quiere que la jueza vuelva a pronunciarse y determine los hechos concretos que se imputan al hermano de Pedro Sánchez, al líder de los socialistas extremeños y al resto de los citados a declarar.

En el recurso de reforma que la Fiscalía ha remitido al juzgado instructor se expone que cuando una persona es llamada a declarar como investigado debe conocer cuáles son los hechos que se le imputan, un requisito que en opinión del Ministerio Público no se cumple en este caso.

«No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y es esa omisión la que, a nuestro juicio, debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones», expone la Fiscalía en su escrito.

A ese planteamiento debe dar respuesta el juzgado de instrucción, que puede mantener el contenido del auto ya dictado o bien ampliarlo, tal y como solicita la Fiscalía.

En todo caso, la Fiscalía puede recurrir a la Audiencia si considera que no se atiende su solicitud. Ese es el camino que han seguido algunos de los recursos planteados con anterioridad en este procedimiento. Entre ellos, el presentado por las defensas cuando consideraron excesiva la incautación de los correos electrónicos de los investigados y de otras personas que podrían tener relación con el proceso de contratación y cambio de puesto de trabajo de David Sánchez Pérez-Castejón. En ese caso, la Audiencia confirmó la eficacia de la medida adoptada por el juzgado y dio validez a los correos intervenidos.

En el auto de reforma presentado este martes lo que se pide a la jueza es que especifique cuáles son los delitos concretos por los que se investiga a cada uno de los nueve imputados y qué indicios existen para justificar que hayan sido llamados a declarar.

El auto que dictó el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz indica en su encabezamiento que el procedimiento está referido al «delito o delito leve de malversación». Además, expone en sus «razonamientos jurídicos» que del informe realizado por la UCO se deriva «la existencia de indicios racionales de criminalidad relativos a los delitos contra la Administración Pública investigados».

Son las dos referencias a hechos delictivos que se contienen en un auto que cita como imputadas a nueve personas. Ahora, la Fiscalía pide que se concrete de qué delito se investiga a cada investigado y cuáles son los indicios para hacerlo.

Hasta ahora, los citados a declarar por estos hechos son David Sánchez Pérez-Castejón, Miguel Ángel Gallardo, Cristina Núñez, Juana Cintas, Manuel Candalija, Félix González Márquez, Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz. El procedimiento también se sigue contra Antonio Garrote, que ha presentado un escrito para comunicar su condición de aforado por ser diputado de la Asamblea.