La Junta admite no tener constancia oficial de que Valdecañas sea ZEPA

La Junta atendió esa solicitud. Tras examinar la documentación facilitada, la promotora hizo un segundo requerimiento de información, que ha sido respondido mediante un escrito fechado el 29 de marzo y firmado por Olga García, consejera de Transición Ecológica y Sostenibilidad. En él se incluye el siguiente párrafo: «Consultados los archivos de esta administración, no se tiene constancia de resolución administrativa expresa de la Consejería competente en materia de medioambiente que declare la ZEPA Embalse de Valdecañas». Y también este otro: «Tampoco se tiene constancia de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura haya adoptado acuerdo expreso de declaración de la ZEPA Embalse de Valdecañas».

La promotora del complejo residencial y de ocio ubicado en los términos municipales cacereños de El Gordo y Berrocalejo mantiene que la declaración de un espacio como ZEPA requiere antes su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma y la publicación en el diario oficial de esa región. Y ni un trámite ni el otro se han completado en el caso de Valdecañas, según reconoce la Junta en el escrito enviado a la promotora.

Entre la legislación consolidada que apoya esta tesis figura la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Esta norma recoge que la Administración General del Estado y las comunidades autónomas «declararán las ZEPA previo procedimiento de información pública», y que «dichas declaraciones se publicarán en los respectivos diarios oficiales». En el caso de Valdecañas, lo que sí fue sometido a información pública y recogido en el DOE en diciembre del año 2012 fue el PRUG (Plan Rector de Uso y Gestión) de la ZEPA, pero no la declaración de esta, que debe ser la base para elaborar ese PRUG, que es el documento que marca qué se puede y no hacer en el lugar.

La web oficial de la red europea Natura 2000, sin embargo, recoge que el paraje denominado 'Márgenes de Valdecañas' figura como ZEPA desde junio de 2003. Pero lo que hizo la Junta en esa fecha fue cumplimentar el formulario normalizado de designación de la Zona de Especial Protección de Aves, un paso previo al trámite de información pública y posterior publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Este último paso administrativo nunca se cumplimentó, según admite ahora la propia Junta.

Está por ver la trascendencia a efectos judiciales de este reconocimiento oficial de que no hay resolución expresa otorgando a ese lugar la protección medioambiental. Algunas fuentes relacionadas con este procedimiento mantienen que este incumplimiento puede tener recorrido en los tribunales, y recuerdan que las sentencias del TSJ extremeño y el Supremo que declaran ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional) que permitió levantar el complejo se basan en la consideración de que el suelo que ocupa es no urbanizable por la protección medioambiental que implica formar parte de una ZEPA. Si esa ZEPA no existen, argumentan, no hay ilegalidad.

Otras, por el contrario, muestran su convencimiento de que esta argumentación es errónea, al entender que la ZEPA existe desde el momento en el que la Junta rellena el formulario y lo envía a la Comisión Europea, o sea, desde junio del año 2003. Hacen ver que desde entonces, la zona se ha publicitado como protegida para las aves en mapas y otro material divulgativo y administrativo de la Junta de Extremadura. Y añaden que el propio director general de Medio Ambiente ya informaba a la promotora en el año 2003 de que ese lugar era ZEPA.