La Junta no ve rentable la industria resinera en Gata que ya tiene proyecto

La resina de pino se emplea, entre otros fines, para productos de farmacia o barnices. La colofonia o resina pura, cuyo bote de un kilo cuesta entre 20 y 25 euros, sirve para mejorar el agarre en instrumentos de cuerda o como aditivo en la elaboración de jabones y cosméticos.

Sin embargo, la Junta de Extremadura no ve rentable una industria así y tiene dudas de que, aunque la instalación la construya la Administración, una empresa privada se interese luego por su explotación. Así lo creen desde la dirección general de Gestión Forestal, Caza y Pesca tanto por la poca resina que ya produce la región como por el contexto de declive de esta actividad.

Según la Junta, en Extremadura hay unos 50 resineros que producen entre 300 y 400 toneladas de resina. «Sería necesaria una producción mayor de mil toneladas en un radio cercano», argumentó el director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, Ricardo Romero, en la comisión del 16 de mayo en la que respondió a las preguntas del Grupo Socialista. «La poca evolución de los métodos, los precios estancados y la dureza del trabajo están provocando el abandono de la actividad incluso en comarcas españolas en los que la actividad resinera ha sido un oficio tradicional», contestó el director general.

Por todo lo anterior, resulta paradójico que los grupos políticos se pronunciaran unánimemente a favor de esa planta en el pleno de la Asamblea del pasado 19 de junio. Fue un apoyo indirecto ante la propuesta de impulso registrada por los socialistas, en la que instaron al gobierno de María Guardiola a ejecutar todos los fondos del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura antes de final de año para no perder fondos europeos, junto con los fondos en riesgo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común.

En ese paquete figuraba la planta de transformación de resina en el término de Gata (Cáceres) cuya redacción de proyecto salió a licitación el 10 de marzo de 2023, esto es, cuatro meses antes de que concluyera la anterior legislatura en la que gobernaba el PSOE. De hecho, ya en 2017 hubo medidas para impulsar la actividad de los resineros extremeños con la creación de grupos operativos –Resinex (con empresas del sector) y Resinlab (que implicaba a las dos castillas y a Extremadura– dedicados a avanzar en la profesionalización del sector en comarcas como Las Hurdes y Sierra de Gata.

La posición actual de la Junta, hoy en manos del PP, frena por tanto una iniciativa, la de contar con una industria resinera, que en realidad partió de Unidas por Extremadura cuando en 2022 consiguió apartar 100.000 euros de los presupuestos regionales para este proyecto piloto que transformara materia prima de la región.

«Lo planteamos porque veíamos que el resinero es un sector que podría ser muy puntero como lo es en Segovia, pero todos los resineros extremeños llevan la resina a las plantas de allí y las de Galicia, donde pagan mal y tarde», explica la diputada de Unidas por Extremadura Irene de Miguel. Para ella, el trabajo de la resina ayuda a conservar las masas de pino y en el medio rural fija población, «pero necesita garantizar precios dignos porque se trata de un trabajo duro y artesano», explica. Hay que tener en cuenta que se lleva a cabo de manera estacional en verano, que es cuando pino suda, por lo que se necesita complementar con otras actividades, normalmente apicultura, ganadería o agricultura

En Extremadura hay resineros en La Vera, Villuercas, Sierra de Gata, las Hurdes o La Siberia, si bien este oficio está en declive «porque la Administración les da la espalda», por eso cree que esa planta de transformación de resina debe salir adelante. Pero los plazos no acompañan.

Eduardo Béjar es el diputado del Grupo Socialista que se interesó por esta planta. En la comisión del pasado 16 de mayo preguntó al director general Ricardo Romero por la situación del proyecto piloto para la construcción de una industria de primera transformación de la resina en Extremadura. «En abril de 2024 finalizó la redacción del proyecto y en mayo de 2025 aún no se ha sacado la licitación de la obra», expuso antes de recordarle que no es una obra menor pues cuesta 2,7 millones y debe estar concluida antes del 31 de enero de 2026 si no se quieren perder los fondos. El diputado socialista sugirió que la Junta ve mal la idea solo por ser «heredado» del anterior gobierno del PSOE.

El representante de la Junta confirmó los pasos dados e informó de que el proyecto se encuentra en fase de tramitación de la evaluación de impacto ambiental y de la autorización ambiental unificada por parte de Dirección General de Sostenibilidad. Para ello se hicieron varias consultas previas. En febrero de 2025 se pidió información de Protección Civil en relación a la «vulnerabilidad del proyecto», sobre lo cual se contestó al mes siguiente. La dirección de sostenibilidad está aún analizando la de declaración de impacto ambiental. «Los retrasos se han producido porque en el pliego de condiciones de 2023 no se incluye la redacción del proyecto básico no técnico (...) y tampoco se consideró la vulnerabilidad en materia protección civil por el manejo y procesado de sustancias contaminantes inflamables como la resina y sus derivados, que son el aguarrás y la colofonia».

Así, reconoció que su dirección general se está cuestionando la construcción de esta industria a corto plazo. Los motivos son «por que es complejo y costoso» la gestión de sus residuos, ya que hay que depurar algunos compuestos químicos procedentes de esta industria. Y además, no cree que esta sea lo suficientemente sólida y rentable. Según la Junta, hay unos 50 resineros que producen entre 300 y 400 toneladas de resina. «Sería necesaria una producción mayor de mil toneladas en un radio cercano».

Otro dato para aportar contexto fue que en España hay siete industrias resineras que procesan en torno a 12.000 toneladas, y habló de que la última que se construyó fue en Galicia, en El Barco de Valdeorras (Orense), hace dos años contaba con altas expectativas y actualmente se encuentra cerrada.

Pese a todo, la Junta ha asegurado que finalizará la tramitación del proyecto, y ya con todas las autorizaciones contactarán con posibles empresas interesadas. Si no hubiera un interés real para explotar la planta y dada la inversión de 2,7 millones no tendría justificación su construcción.

Tras la exposición de todo lo anterior el diputado del PSOE insiste en que «se está perdiendo una gran oportunidad», y espera que la Junta le busque destino a esos fondos europeos para que no se pierdan.