La Junta gravará a los propietarios que tengan más de cinco inmuebles vacíos durante más de un año

El Consejo de Gobierno ha aprobado en una reunión extraordinaria este proyecto de ley, que llega a la Asamblea en el el tramo final de la legislatura y cuando apenas quedan siete semanas de actividad parlamentaria, que se suspenderá con la convocatoria de las elecciones autonómicas de mayo.

El proyecto de modificación de la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura propone reformar una norma de 2019. La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta, Leire Iglesias, ha señalado que contiene tres aspectos fundamentales. Por un lado, el impuesto a viviendas vacías, que ya existía pero que necesitaba de una regulación expresa.

Este impuesto afectará a los grandes tenedores de viviendas vacías, definidos como las personas jurídicas (y por tanto solo empresas, no particulares) que dispongan de más de cinco viviendas en régimen de propiedad, alquiler o cualquier otro derecho y que las mantengan fuera del mercado.

La base imponible depende del número total de metros cuadrados, reducido en 150 en concepto de mínimo exento. Hasta 500 metros cuadrados se pagaría 7,5 euros por metro; hasta 2.000, 11,25 euros por metro cuadrado y hasta 4.000, 15 euros. Los que pasen de esa cifra deberán abonar 22,5 euros por metro cuadrado.

La memoria económica del proyecto de ley prevé ingresar 4 millones de euros de 850 empresas y sociedades que cuentan con unas 4.000 viviendas vacías. Pero el objetivo real es que esas propiedades salgan al mercado de alquiler y bajar los precios mediante un aumento de la oferta.

El segundo aspecto destacado de la ley es la creación de un fondo de garantía para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes. La Junta de Extremadura actuaría como avalista para cubrir la parte del coste que no financia la hipoteca. Con ello se pretende eliminar barreras para que personas que tienen dificultades de ahorro puedan comprar una casa. El Plan de Vivienda de Extremadura 2022-2027 prevé una dotación de 5 millones de euros para este fondo y llegar a 250 beneficiarios.

Por último, la ley regula un mecanismo de protección de menores en casos de desahucio. La Junta garantizará el mantenimiento de la vivienda o un adecuado realojamiento de la unidad de convivencia de la que forme parte algún menor y que se encuentre en riesgo de exclusión residencial por desalojo. Con ese fin, se contempla la posibilidad de conceder ayudas directas a los afectados y adquirir o arrendar directamente y de urgencia inmuebles por razones de interés público.